Martxelo DÍAZ IRUÑEA

Sustrai pide que se paren las obras del TAV navarro que fueron declaradas ilegales

Después de que el Gobierno navarro incluyera una partida de 102 millones de euros para seguir con las obras del TAV, Sustrai ha pedido la suspensión cautelar de unos trabajos declarados ilegales por los tribunales.

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Ante la constatación de que el Gobierno navarro ha incluido en su proyecto de presupuestos una partida de 102 millones de euros para continuar con las obras del TAV, la fundación Sustrai ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que suspenda estos trabajos como medida cautelar, teniendo en cuenta que este mismo tribunal los declaró ilegales puesto que su declaración de impacto ambiental estaba caducada y, por tanto, era nula.

Xabier Zubialde, integrante de Sustrai, calificó de surrealista la situación del proyecto del TAV, ya que además de no disponer una declaración de impacto ambiental en vigor «y por lo tanto encontrarse en una situación de completa irregularidad», supone un «derroche económico desorbitado» sin ninguna justificación, puesto que se están realizando 70 kilómetros entre Castejón y Artederreta a pesar de que no está garantizada su continuidad ni hacia al norte ni hacia el sur.

Junto a ello, Zubialde recordó que el consejero de Fomento del Gobierno navarro, Luis Zarraluqui, confirmó en el Parlamento que el tramo del TAV en Iruñerria no tiene declaración de impacto ambiental. El tramo Castejón-Artederreta tampoco tiene declaración de impacto ambiental, pero el Gobierno español recurrió la sentencia del TSJM ante el Tribunal Supremo. A este recurso es al que se aferra el Gobierno navarro para seguir adelante con unas obras ampliamente cuestionadas por su falta de utilidad.

«Esta situación surrealista refleja la más absoluta incompetencia por parte del Gobierno de Navarra para gestionar eficazmente un proyecto de estas características», destacó Zubialde, que añadió que Sustrai «mantiene la petición de exigir responsabilidades a los cargos públicos que han participado en este proyecto. El Gobierno de Navarra se ha colocado voluntaria y unilateralmente en la situación actual». De este modo, reclaman la dimisión de, al menos, Zarraluqui.

Eduardo Santos, abogado de Sustrai, explicó que las medidas cautelares están concebidas para asegurar la eficacia de las sentencias y que la solicitud de que paralicen las obras tiene como objetivo que la futura sentencia del Supremo pueda ser cumplida, evitando que se produzcan situaciones irreversibles. Es decir, si siguen las obras y el Supremo da la razón a Sustrai confirmando que eran ilegales, sería una victoria pírrica porque el tren ya estaría construido.

«Sin embargo, si ahora paralizan las obras no ocasionan ningún perjuicio a la Administración, debido a la no existencia de ninguna urgencia, ya que no hay continuidad del proyecto ni por el norte ni por el sur», añadió Santos.

Si se concede la suspensión cautelar, será el Estado español el encargado de parar las obras, ya que es el responsable de la misma. El Gobierno navarro está llevando a cabo unos trabajos que no les corresponde para adelantar los plazos.