La radiotelevisión pública vasca (EITB) y sus sociedades dependientes cumplieron «razonablemente» la normativa legal que les afecta en 2011 -época en la que era director general del ente Alberto Surio-, según el informe aprobado por unanimidad por los miembros del pleno, aunque con un voto particular concurrente en dos de sus puntos. El informe de fiscalizacion consiste en la revisión de la legalidad en las áreas de personal y de contración, tanto de bienes, suministros y servicios, así como de aspectos contables relacionados con las cuentas.

Pero hay algunos «peros», por ejemplo en la contratación de puestos directivos. El tribunal critica que en 2011 accedieran a puestos directivos cinco personas sin relación contractual previa con EITB en la modalidad de contrato laboral fijo y sin cumplir los principios de mérito y capacidad regulados por ley. La cuestión es que parece que no era nada extraño en la forma de funcionar del ente, porque el informe apunta que en 2011, además de cuatro «altos cargos» figuran 120 personas como «personal directivo», de las que casi la mitad habían sido incorporadas a EiTB sin convocatoria pública alguna -51 en años anteriores, 3 en el ejercicio del 2011-, mientras que otras 66 eran personal fijo del grupo que habría accedido al puesto por libre designación. De estas 66, dos habrían ascendido en 2011.

El tribunal recomienda que se fijen unos criterios de valoración objetivos tanto para su designación como para sus sueldos -parece que quedaban a manos de la dirección-, además de que plantea que se haga «en base a criterios de profesionalidad y que se vincule al periodo de mandato de director general». Algo que parece a día de hoy ha sido subsanado, a la vista de una de las alegaciones de la actual dirección de EiTB, que explica que en junio de 2013 el consejo de administración aprobó, a propuesta suya, un nuevo modelo de organigrama más reducido y en el que se especifica que los contratos de directivos designados por la dirección general, que no sean de la plantilla fija del ente y de sus sociedades, quedan vinculados al mandato de la dirección que les designa.

El TSJPV también considera que no se garantizan dichos principios en la contratación de personal laboral temporal, que se selecciona de una bolsa de trabajo preexistente, y que «no clasifica los méritos y capacidades de sus componentes».

En la contratación de bienes, servicios y suministros, se ha detectado dos operaciones, por 0,3 y 0,4 millones de euros, que deberían haberse tramitado por procedimiento negociado con publicidad o procedimiento abierto, y no se hizo.