Durante el año en que compartieron el Gobierno navarro, UPN y PSN decidieron recortar la Renta Básica y, de hecho, le cambiaron hasta el nombre para rebautizarla como Renta de Inclusión Social. Ayer, este debate volvió al Parlamento y la unidad de acción que hacía meses que no se veía en la Cámara regresó. Los dos partidos apostaron por mantener el sistema nuevo de acceso a la renta mínima de subsistencia para las personas que no tienen ingresos. Ahora bien, decidieron ampliar el periodo durante el que se podrá mantener esta prestación de los 24 a los 30 meses. El pleno no estuvo exento de polémica, dado que hubo protestas entre el público y un debate agrio.

En cifras, la reforma que llevó a cabo la exconsejera del PSN Elena Torres dejó a unas 2.500 personas sin acceso a esa percepción (cuya cuantía varía dependiendo si se tiene a otras personas a cargo). Con las enmiendas que el PSN impulsó ayer, y refrendadas por UPN, podrán acogerse unas 200 personas más, pero unas 2.000 seguirán sin absolutamente nada.

En total se calcula que con la nueva ley el Gobierno está hurtando 15,6 millones de euros a los ciudadanos que no tienen nada, al negárseles un derecho a prestación que, hasta entonces, tenían reconocido. Frente a ello, Bildu, Aralar, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai trataron de impulsar, sin éxito, una Carta de Derechos Sociales a través de la cual se pretendía volver al sistema anterior e incluso ampliar la prestación en alguno de los supuestos. Estas posturas tan contradictorias acabaron por formar dos polos y los partidos de la oposición decidieron no votar las enmiendas del PSN puesto que se limitaban a ampliar tibiamente la nueva normativa.

Asimismo, la Plataforma en favor de la Renta Básica lamentó lo ocurrido ayer en el Parlamento y sindicatos como ELA también enviaron textos de denuncia en el que pedían regresar a la situación anterior.

El parlamentario de UPN José Antonio Rapún destacó que, «gracias a una mayoría absoluta», se va a tener prácticamente una nueva ley foral que va a permitir que «muchas y nuevas unidades familiares» puedan ser perceptoras de las ayudas, para las que en 2014 se prevé un gasto de 47 millones euros, cuando en 2008 era de unos 8,5 millones. «Volver a la renta básica pura y dura del año 99 estableciendo la percepción de una renta sin unos requisitos mínimos es inviable económica y socialmente», aseguró. Rapún omite que la renta básica del año 99 estuvo vigente hasta 2011 y que, concretamente, el gasto que supondría mantenerla equivale al 0,4% del Presupuesto de Nafarroa.

Por el PSN, María Victoria Arraiza aseguró que los cambios no se limitan a regular «una mera renta asistencial», sino que «tocan todos los aspectos que tienen que ver con la inclusión de las personas en la sociedad». Sin embargo, no convenció al resto de la oposición, que vieron las enmiendas como «maquillaje».