Así se desprende del artículo -Medios digitales y propiedad intelectual: amenazas y oportunidades estratégicas para las empresas culturales-, publicado por Miguel Ángel Sastre e Ignacio Danvila, ambos profesores de la Universidad Complutense de Madrid, en el último número de la revista «Economía Industrial», del Ministerio español de Industria, Energía y Turismo.

En su artículo Miguel Ángel Sastre e Ignacio Danvila recuerdan que el sector cultural engloba en el Estado español a más de cien mil empresas dedicadas a los bienes culturales, el libro, las artes plásticas, escénicas, musicales y audiovisuales.

Según ambos autores, en el caso español, uno de cada dos internautas accede a un producto ilegal, siendo la mitad de los accesos ilícitos novedades. Por productos, el 32 por ciento de los internautas descargan música ilegalmente, el 43 por ciento películas, el 7 por ciento vídeojuegos y el 12 por ciento libros.

Esta importante incidencia se da, según el artículo, porque el consumo de productos culturales ilegales cuenta con un menor reproche social que otros.

En el Estado, el 84 por ciento del valor de los contenidos con copyright se piratea, y en consecuencia el 69 por ciento de las personas que se descargan ilícitamente productos culturales reconoce que no paga por un contenido que puede conseguir gratis.

Las consecuencias de este hecho son que mientras que la industria de los contenidos emplea actualmente a 57.358 trabajadores directos, un nuevo escenario sin piratería generaría casi 25.000 empleos directos más, es decir, un 43 por ciento más de empleo, a los que habría que añadir los empleos indirectos inducidos, que se estiman en 5 por cada empleo directo creado.

No obstante, y una vez más, lo que no corrigen estas estadísticas es que presuponen que todos los «piratas» comprarían lo que se descargan de no poder hacerlo. Un hecho improbable, ya que las descargas son, en muchos casos, caprichosas, sin obedecer a una necesidad y plenamente renunciables.