Eginaren Eginez reclamó ayer en el Ayuntamiento de Gasteiz la recuperación de una partida presupuestaria destinada a sufragar el servicio de asesoría jurídica que presta dicha asociación, creada hace 35 años para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad física de Araba. Esta petición se produjo tras comprobar que el equipo de Gobierno ha suprimido la partida de su proyecto presupuestario.

Igor Navarro defendió ante la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas la importancia de esa partida, incluida como una subvención nominativa en las cuentas de años anteriores, y remarcó el trabajo realizado por el servicio jurídico de Eginaren Eginez, un equipo creado para dar una respuesta efectiva a la «indefensión» a la que se enfrentan las personas discapacitadas, que asesora los integrantes de la asociación y analiza las medidas legislativas diseñas por las autoridades del herrialde.

En opinión de Navarro, este control no agrada al Ejecutivo municipal. «Desde hace un par de años sufrimos un maltrato institucional por parte de la Diputación y del Ayuntamiento. [...] Parece que sufrimos una persecución por parte de las instituciones alavesas», comentó antes de subrayar que están «hartos de ser moneda de cambio en la negociación del presupuesto», en alusión a lo ocurrido en 2012, cuando el PP aceptó mantener la partida tras negociar las cuentas con el PNV.

El concejal delegado de Hacienda, Manu Uriarte, negó que exista una «persecución» por parte del Gabinete del PP y afirmó que Eginaren Eginez puede optar a la convocatoria general de subvenciones «en igualdad de condiciones que el resto». No obstante, asumió que, «si el pleno lo decide», habrá una partida nominativa para la asociación. Todos los grupos de la oposición criticaron este nuevo recorte.

Zazpigarren Alaba

Los representantes de Zazpigarren Alaba también participaron en la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas. Guillermo Perea, que tomó la palabra en nombre de la asociación vecinal, reclamó una bajada del 10% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para adecuar el valor catastral de la vivienda al precio del mercado. «Desde el año 2007 estamos pagando más dinero del que teníamos que pagar, y nos sentimos robados», destacó tras anunciar que recurrirá las ordenanzas fiscales.

Por otro lado, Patxi Lazcoz (PSE) criticó la gestión del PP en Ensanche 21 y exigió al alcalde, Javier Maroto, la devolución del «dinero expoliado» en dicha sociedad. Y Gorka Urtaran (PNV) pidió al primer edil que explique por qué los actos del bicentenario de la Batalla de Vitoria costaron el doble de lo presupuestado inicialmente.