Entre otros aspectos, se analizaron los dispositivos legales y judiciales existentes en los estados español y francés sobre esta cuestión desde una perspectiva comparativa. Tras un repaso del proceso de creación de la estructura pionera en el Estado francés, que estuvo a cargo de una de sus principales impulsoras, la concejala baionarra Martine Bisauta, fueron los fiscales Anne Kayanakis (fiscal general del Tribunal de Baiona) y Juan Calparsoro (fiscal superior de la CAV) quienes tomaron la palabra.

Kayanakis subrayó la «gran evolución» que se ha dado en los últimos años en procedimientos y protocolos. Citó, entre otros, la mejora de la información a las víctimas de la violencia de género, la formación y coordinación entre los diferentes agentes, tanto institucionales como asociativos, que intervienen en esos casos, la puesta en marcha de una oficina específica con personal permanente en la comisaría de Baiona, el acceso a la declaración de «main courante», en la que se consignan hechos de cierta relevancia sin presentar formalmente una denuncia, o la designación de un fiscal (Olivier Janson) referencial para estos casos.

También informó de que son entre 150 y 200 las denuncias que se interponen cada año en el Tribunal de Baiona por hechos de esta naturaleza y que una cuarta parte no prospera por cuestiones diversas, como hechos no comprobados o factores de oportunidad.

Más tarde, más avanzada

Por su parte, Calparsoso explicó la trayectoria legal respecto a este problema en el Estado español, donde, aunque «debido a la dictadura franquista la lucha por la igualdad llegó más tarde que en otros países europeos», se ha establecido una de las legislaciones «más avanzadas en esta materia y que, incluso, está siendo emulada».

Relató los principales pasos que se han ido dando desde que se aprobara la Constitución de 1978: la ley de divorcio, en 1981; la despenalización del aborto, en 1985; la tipificación de los delitos, en 1989; la caracterización posterior de las violencias como delito público, con lo que no es indispensable que exista una denuncia de la víctima para actuar en caso de violencia; la introducción del procedimiento de protección de las víctimas en 2003... hasta llegar a la ley integral de 2004.

Una ley no exenta de críticas y polémicas, como asumió el fiscal superior de la CAV, que recordó las diferencias habidas, «incluso entre magistrados», respecto al hecho de prever penas superiores para los hombres que para las mujeres causantes de malos tratos o a la adopción automática y obligatoria de la orden de alejamiento mínimamente por un año.

Explicó que ambos aspectos fueron reconocidos conformes a derecho y no vulneradores de derechos básicos por el Tribunal Constitucional español.

La socióloga Laetitia Franquet, que ha analizado y comparado ambas legislaciones al elaborar su tesis, comenzó su intervención destacando un matiz: «Creo que en vez del término `luchar' contra la violencia es más adecuado plantear la erradicación».

Confirmó la diferencia en el ámbito penal existente entre el Estado español y francés (en el primero hay 14 veces más denuncias que en el segundo) pero incidió en que «la evolución en Derecho Penal no es suficiente». Por ello, insistió en la necesidad de garantizar la independencia económica de las mujeres afectadas, que en un elevado número de casos se encuentran en una situación de «vulnerabilidad extrema, en particular cuando se convierten en familias monoparentales» con el consiguiente riesgo de caer en la pobreza.

Franquet expuso la forma diferente en la que se responde a esas situaciones en cada uno de los estados. En el caso del español, aunque penalmente arrope más a la víctima, el apoyo material o logístico se basa en la solidaridad interfamiliar; es decir, es la estructura familiar la que la sostiene, «ciertamente, con mucha más dificultad desde el comienzo de la crisis en 2008».

En el Estado francés, en cambio, la solidaridad intergeneracional, «que es una obligación legal», es mucho menor pero el «Estado providencia» está más presente y el acceso a los servicios y ayudas sociales es mucho mayor que en el español.

En resumen, el Código Penal español está más avanzado respecto al francés, pero ocurre lo contrario en el ámbito de la ayuda social para las mujeres que son víctimas de la violencia de género.

La ley que en enero votará la Asamblea Nacional francesa aportará «grandes avances», según manifestó la diputada Colette Capdevielle. No obstante, el debate posterior dejó claro que, tanto en un estado como en el otro, todavía hay muchos flecos por arreglar, tanto en las leyes como en los protocolos de atención a las víctimas y en los dispositivos en otros ámbitos, con lo que aún queda camino para para poner fin a esta lacra.