La Fiscalía se ha opuesto al recurso de amparo presentado en el Tribunal Constitucional por los cinco condenados en el «caso Bateragune», y lo ha hecho a través de sendos informes que contienen auténticos disparates desde el punto de vista jurídico y de la interpretación de la realidad. El Ministerio Público asume los fallos condenatorios de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y sostiene que los militantes independentistas encarcelados por esta causa se han plegado a una estrategia de «desdoblamiento» diseñada por ETA, habiendo actuado siempre en función de ella.

Partiendo de esta base, la Fiscalía apunta que Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez pertenecen a la organización armada «en calidad de grupo político», aporta como argumento que todos ellos quieran construir «un Estado independiente del Estado español, socialista y revolucionario», y asegura que para alcanzar este objetivo no renuncian «en ningún momento al uso de las armas». Una afirmación que solo puede hacerse desde la mala fe, pues más allá de que en esta causa a nadie se le haya atribuido el uso de ningún arma, es conocido, también por el fiscal, que estas personas han desempeñado un papel muy importante en el asentamiento del escenario actual, en el que ETA ha abandonado su actividad armada. Tampoco tiene un pase legal que a estas alturas se apele a la no condena para sostener la acusación.

Uno de los elementos más preocupantes de esta posición es la constatación de que el Gobierno español, de quien en última instancia depende la Fiscalía, no ha variado su actitud respecto a la oportunidad de alcanzar una solución que merezca tal nombre. La sentencia de Estrasburgo, lejos de hacerle recapacitar, ha enconado sus posiciones, hasta el punto de que en casos como este podría decirse que es la venganza su única motivación. Guiado por ella, pospondrá la excarcelación todo lo posible, pero estas personas volverán a ser libres para seguir trabajando por la libertad de su pueblo.