A la consejera de Seguridad de Lakua le preguntaron ayer por la publicación en este diario de la identidad de los ertzainas que dirigieron el operativo que acabó con la vida de Iñigo Cabacas, entre ellos «Ugarteko», el mando que ordenó «entrar con todo» en el callejón donde el joven cayó mortalmente herido. Estefanía Beltrán de Heredia respondió de forma lacónica, sin desmentir lo publicado pero apostillando que será la juez que instruye el caso quien adoptará, si lo cree necesario, las medidas que correspondan. Al parecer, fuera del ámbito penal no ve motivo de reproche respecto a sus subordinados. Y por lo que pudiera ocurrir en sede judicial, el Ejecutivo lleva tiempo tratando de limitar el balance de daños, también sobre ese policía cuya arenga ha entrado en la historia negra de este país.

En cualquier caso, la defensa que la consejera hizo del nuevo jefe de la Ertzaintza fue bastante más vehemente, negando que tuviera relación con lo ocurrido y poniendo en valor que no haya sido citado a declarar, «ni como testigo». Estas declaraciones, sin embargo, contrastan con lo manifestado en sede parlamentaria por el anterior director de la Policía autonómica, Antonio Varela, quien destacó el papel desempeñado por Jorge Aldekoa al frente del operativo. Ambas versiones son tan opuestas que es inevitable entrever en ellas una intención ajena al esclarecimiento de los hechos. En el caso de Beltrán de Heredia parece evidente su intento de defender una decisión de hondo calado político como es el nombramiento de tan alto cargo.

Ante la actitud que sobre la muerte de Iñigo Cabacas ha mantenido Lakua, tanto con el PSE como después con el PNV, parece mentira que la consejera insista en que su deseo es que este caso «se aclare pronto». Desde luego, año y medio después de que ocurrieran los hechos que se clare «pronto» ya es imposible, y si alguna vez sale a la luz toda la verdad, como poco a poco está ocurriendo, será a pesar del Gobierno y no gracias a él.