2013/12/14

El TSJN da un nuevo varapalo al Gobierno navarro sobre el TAV
Martxelo DÍAZ IRUÑEA
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El Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) considera que el Gobierno navarro ha infringido la ley al no facilitar la información medioambiental sobre el proyecto del TAV que le fue requerida por Sustrai, impidiendo de este modo el derecho a la participación pública.

Así se recoge en la sentencia que el propio TSJN ha dictado en respuesta al recurso interpuesto por Sustrai y el despacho jurídico Arankoa. Ante esta resolución, y tras recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio por caducada la declaración de impacto ambiental de las obras del TAV en Nafarroa -que, además, no tienen garantizada su continuidad ni por el norte ni por el sur, por lo que se convierten en un tramo completamente aislado entre Castejón y Artederreta- Sustrai volvió a reclamar la dimisión del consejero de Fomento del Gobierno navarro, Luis Zarraluqui, y la paralización inmediata de las obras del TAV que se están llevando a cabo actualmente en Erribera.

Los integrantes de la fundación consideran que la sentencia del TSJN «añade un grado más de surrealismo a esta obra» y que «pone de manifiesto que el Gobierno navarro no ha respetado el derecho al acceso a la información sobre el proyecto del TAV».

En setiembre de 2008, el Gobierno de Nafarroa encargó a la empresa Mecsa la realización de un informe de los impactos económicos, sociales y medioambientales del TAV en el herrialde, después de que en 2004 se hubiera tomado ya la decisión política de ejecutar esta obra. «Se trataba de un vano intento de justificación económica, social y política del TAV, realizado de una manera absurda, dado que ya tenían tomada la decisión de avanzar en su construcción», explicó Sustrai.

Ante esta situación, los opositores al TAV intentaron enviar la información y los análisis que tenían. Sin embargo, esta información fue rechazada por Mecsa aduciendo que el Gobierno navarro había puesto como condición que el informe se elaborara únicamente con la información aportada por el propio Ejecutivo.

La oposición al TAV recurrió al Ararteko navarro en diciembre de 2008, argumentando que la objetividad del informe no estaba garantizada y que se estaban vulnerando los derechos de acceso a la información y participación pública. De hecho, el Ararteko navarro recomendó al Gobierno que facilitase el informe, que únicamente mostraba los aspectos positivos del TAV. Sin embargo, su recomendación cayó en saco roto.

Con esta respuesta en la mano, los opositores al TAV volvieron a solicitar el informe al Gobierno navarro en abril de 2009 y, tras recibir una nueva denegación, presentaron el recurso ante el TSJN.

Sustrai destaca, asimismo, que incluso el «presunto informe de Mecsa, pagado con dinero público, reconoce que el TAV no llevará mercancías. Parece que ni lo han leído».

La deuda de la Autovía del Camino es cada vez más «bono basura»

La agencia Moody's ha rebajado a Ba2 desde Ba1 la calificación de la deuda de la Autovía del Camino S.A., concretamente un préstamo de 175 millones de euros suscrito con el Banco Europeo de Inversiones y 145 millones más correspondientes a otros préstamos bancarios comerciales. Ambas calificaciones se incluyen dentro de la denominación «bono basura».

Autovía del Camino S.A. firmó un contrato de concesión a 30 años mediante la figura denominada «peaje en la sombra» en setiembre de 2002 con el Gobierno navarro para construir, operar y mantener esta vía rápida entre Iruñea y Logroño. El pago del peaje en la deuda es uno de los principales gastos fijos de deuda a los que tiene que hacer frente el Gobierno navarro a la hora de elaborar los presupuestos, lo que le ha llevado a aplicar una política basado en los recortes antisociales.

La rebaja, según Moody's, refleja «el deterioro de los indicadores financieros de la compañía» y el descenso del volumen de tráfico desde 2011.

Los 175 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones tienen como vencimiento el año 2029 y los 145 millones suscritos con los otros bancos lo tienen en 2030, según informó la agencia de calificación. M.D.

Ocultación. El Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) considera que el Gobierno navarro no ha permitido el acceso a la información pública que está garantizado por ley al ocultar un informe hecho por encargo y pagado con dinero público sobre las supuestas bondades del proyecto del TAV.