La Diputación de Gipuzkoa y los sindicatos ELA y LAB criticaron ayer «la obsesión enfermiza» de la patronal Adegi por «precarizar las condiciones laborales» de las empleadas de las residencias y centros de día de mayores de herrialde y por «la merma en la calidad» de estos servicios públicos.

En una rueda de prensa en Donostia, el diputado de Política Social, Ander Rodríguez, acompañado por los delegados sindicales de ELA y LAB Iñigo Zubeldia y Ane Sarriegi, censuró la «ofensiva» de la patronal guipuzcoana en los tribunales tras la denuncia interpuesta por ésta contra la Diputación, ELA, LAB, CCOO y UGT, así como contra la patronal de entidades sin ánimo de lucro Lares, por la propuesta foral para el convenio provincial de residencias.

Rodríguez se refirió a la demanda de Adegi presentada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) afirmando que «no es posible prestar en la red pública unos cuidados de calidad si las trabajadoras de los mismos no trabajan en condiciones dignas». Por su parte, Zubeldia, de ELA, declaró que «la voracidad» de Adegi «no conoce límites ni entiende de principios».

También recordó que «todavía hay dos residencias en huelga indefinida luchando por su convenio desde el 13 de mayo, Villa Sacramento y Berra -ambas en Donostia- y en esta última fueron despedidas 16 trabajadoras en pleno conflicto.

Sarriegi, del LAB, lamentó que ha sido «imposible lograr un convenio provincial porque Adegi ha secuestrado el conflicto y ha seguido con su batalla en contra de la postura de la mayoría de sus socios». Además, pidió a las empresas que abandonen Adegi y conformen una nueva patronal «para poder firmar un convenio de residencias y que los acuerdos garanticen la aplicación de lo firmado».

Carbón en Sabin Etxea

Por otra parte, dos delegadas de LAB que fueron despedidas de la Residencia Miraflores, que pertenece a la empresa Sar Quavitae y dirige el dirigente del PNV Iñaki Isasi, dejaron carbón en la entrada de Sabin Etxea.

Las delegadas afirmaron que con este acto pretendían denunciar «que el modelo de servicios sociales del PNV permite que la calidad vaya en detrimento de los usuarios, mientras sus asociados se lucran».