2013/12/21

Sospechan que las eléctricas subieron los precios al saber que deberán asumir el déficit

El repunte en la subasta eléctrica que gravaría la factura de la luz en un 11% ha levantado las sospechas que relacionan este hecho con la retirada de los 3.600 millones previstos en los Presupuestos para equilibrar el déficit de tarifa. La CNMC invalidó ayer la subasta al apreciar «circunstancias atípicas», mientras Rajoy se veía obligado a anunciar un nuevo procedimiento.

Joseba SALBADOR DONOSTIA
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La indignación comenzaba a extenderse entre los usuarios nada más conocerse que la subasta eléctrica entre los grandes operadores del mercado eléctrico se cerraba el pasado jueves con un repunte del 26,5% en el coste de la energía, lo que provocaría una subida del 11% en la revisión de la tarifa en enero próximo (incluyendo el incremento de los peajes del Gobierno).

A esta primera sensación de indignación siguieron los recelos y sospechas de que estos precios fueron manipulados por las compañías eléctricas, lo que deja patente su capacidad para eludir el control de los organismos públicos. Fue precisamente el Ministerio español de Industria el más explícito, al relacionar dicho repunte con la retirada de los 3.600 millones de euros previstos en los Presupuestos para equilibrar el déficit de tarifa.

El subsecretario del Ministerio, Enrique Hernández Bento, calificó de «muy extraño» que la subida haya coincidido con la enmienda introducida por el PP en los Presupuestos para no cubrir este año, vía Presupuestos del Estado, una parte del déficit de tarifa. No obstante, evitó dirigir sus sospechas hacia nadie y se limitó a señalar que «sí tiene claro» que se dan circunstancias atípicas.

Estas mismas razones fueron las esgrimidas por La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para invalidar dicha subasta que, según añadía este organismo, se llevó a cabo «en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas».

El organismo regulador recordó que ya había iniciado un proceso de información previa para analizar los movimientos inusuales que se estaban produciendo en la fijación de precios del mercado mayorista. Ahora falta que se haga público el informe detallando los motivos que justifican esta decisión.

Tras la invalidación de la subasta, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en una comparecencia en Bruselas, tuvo que admitir que la subida era «exagerada» e injustificada y avanzó que el Ejecutivo trabaja para lograr un procedimiento alternativo para fijar el precio.

Al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó que el Ministerio de Industria ha suspendido la aplicación de la subasta de energía, lo que garantiza que «no se va a producir la subida del 10,5%» del recibo de la luz que establecía la puja.

Reconoció que la normativa no indica cómo fijar el precio en caso de que se invalide la aplicación de la subasta, por lo que «el Gobierno y el Ministerio de Industria trabajan para establecer un procedimiento que permita establecer el precio de la energía conforme a criterios objetivos y transparentes», que será aplicable desde el 1 enero.

El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, emplazó a la validación de los datos por Competencia antes de tomar otras medidas. Admitió que ha llegado el momento de introducir «al menos algunas modificaciones» en el sistema, aunque se mostró reacio a cambiarlo por completo.

La patronal «no es consciente»

Entretanto, los destinatarios de estas críticas, agrupados en la patronal Unesa, negaron todas las acusaciones. Eduardo Montes, presidente de esta organización que agrupa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E-On y EDP, señaló que él «no es consciente» de que la subasta eléctrica hubiese sido «sustancialmente diferente de otras».

Montes, que se quejó de la «demonización» de las compañías eléctricas, pidió asimismo esperar a que se conozca el informe completo de la CNMC.

Según su análisis, los altos precios de la electricidad del mes de diciembre se deben a varios factores, entre ellos la falta de viento, el número de centrales nucleares en supervisión, el ligero crecimiento de la demanda y el aumento del precio del gas en Europa. Sin embargo, al conocerse el pasado mes de noviembre que el Gobierno español iba a retirar la aportación de 3.600 millones, Montes ya avisó de que la medida encarecería el recibo para los consumidores porque dicho déficit «se carga en nuestros balances».

En el lado de los afectados, todas las organizaciones de consumidores coincidieron a la hora de mostrar su satisfacción ante la anulación de la subasta del jueves, si bien instaron a que este hecho no se quede en un simple «parche», sino que represente el comienzo de una reforma estructural de un sistema de subastas «manipulable y opaco».

Tras reclamar al Ejecutivo de Rajoy que «congele» las tarifas, mostraron sus sospechas de que la manipulación de precios se haya producido en anteriores ocasiones.

Un oscuro mecanismo para fijar precios que impide investigar manipulaciones

Los precios de la luz en el Estado español se fijan, paradójicamente, mediante un mecanismo muy oscuro, que casi nadie comprende a ciencia cierta, y que impide precisamente investigar las manipulaciones que hayan podido existir. Básicamente, la tarifa eléctrica de último recurso o TUR, que afecta a 28 millones de abonados y que a partir de enero se denominará Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), está formada por dos elementos, los peajes y el coste de la energía, que representan alrededor de la mitad de la factura cada uno, y a los que se suman los impuestos.

- Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. Es la nueva tarifa regulada en el mercado eléctrico, que sustituye a la hasta ahora llamada Tarifa de Último Recurso tras la reforma energética anunciada por el Gobierno. En principio, supondrá un incremento en los peajes de acceso.

- Peajes de acceso. La factura de la electricidad incluye una parte destinada a pagar el peaje de acceso a la luz, que tiene dos componentes, uno fijo en función de la potencia contratada y otro variable en función del consumo. Los peajes, que tienen un peso de entre el 50% y el 60% en la factura, los fija el Gobierno español a través de una orden ministerial y sirven para cubrir los costes de distribución de la electricidad, las subvenciones a las renovables o el déficit tarifario. El Gobierno ha jugado hasta ahora con este componente para, por ejemplo, amortiguar fuertes subidas de la energía.

- Coste de la energía. Tiene un peso de entre el 40% y 50% en la factura. Se decide en las subastas trimestrales CESUR (Contratos de Energía para el Suministro de Último Recurso). En ellas, los grandes operadores del mercado eléctrico establecen mediante subasta el precio mayorista de la electricidad. Se trata de una subasta financiera (no hay entrega de producto). Los participantes en estas subastas (en su mayor parte brokers) utilizan como referencia no el mercado diario, sino el mercado de energía a plazo. Es decir, arbitran entre ambos mercados comprando electricidad a plazo y vendiéndola en la subasta. Como consecuencia, los precios CESUR son en promedio un 11% superiores a los precios a los que se hubiera podido comprar esa misma energía en el mercado diario.

- Déficit de tarifa. Es la diferencia entre los ingresos que reciben las empresas eléctricas por el pago de los consumidores y los costes que la regulación les reconoce por suministrar la electricidad. Por tanto, el déficit de tarifa es un déficit regulatorio y no un déficit económico, ya que los costes reales que tienen las empresas son inferiores a los costes que la regulación les reconoce. El objetivo de la nueva reforma eléctrica era precisamente poner fin al déficit de tarifa, que este año se incrementa en 3.600 millones, toda vez que el Gobierno no ha incluido esa cantidad en los presupuestos. J.S.