Bulgaria y Rumanía forman parte de la Unión Europea (UE) desde 2007 y sus ciudadanos pueden desde entonces desplazarse y residir libremente (sin necesidad de visados) en cualquier país miembro. En materia de empleo, sin embargo, nueve estados -Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria, Gran Bretaña y los estados español y francés- adoptaron medidas transitorias para limitar el acceso de rumanos y búlgaros a su mercado laboral.

A partir del 1 de enero, todas estas limitaciones tendrán que desaparecer para que búlgaros y rumanos puedan trabajar libre- mente en cualquier país de la UE y beneficiarse de las mismas condiciones laborales que los nacionales del país de acogida, lo que ha causado preocupación en Gran Bretaña y Alemania. Londres ha anunciado medidas y en Berlín, la CSU busca poner frenos.

El primer ministro británico, David Cameron, comunicó que su país aplicará cinco nuevas medidas para protegerse del supuesto impacto del fin de las restricciones. Una decisión criticada por su posible incompatibilidad con las normas europeas y por sus tintes xenófobos, que es vista por muchos como una maniobra electoralista para retener votos y contener el avance del euroescéptico y antiinmigrante UKIP.

Londres pretende, entre otras medidas, limitar los beneficios sociales durante los tres primeros meses y las ayudas a la vivienda, retirar los subsidios por desempleo pasados seis meses y deportar a los ciudadanos europeos llegados de otros estados miembros se encuentren en la calle por falta de lugar de residencia.

Desde las propias filas de su Gobierno, el viceprimer ministro británico, el liberaldemócrata Nick Clegg, ya se mostró abiertamente en contra y amenazó con bloquear esas medidas.

No habrá oleada masiva

La Comisión Europea dice que que no ha recibido ninguna notificación oficial y advierte de que si Londres las pone en marcha el día 1 como tiene previsto y si «se confirma que son ilegales», tendrá que atenerse a las consecuencias, indicó a Efe su portavoz de Empleo, Jonathan Todd.

Bruselas asegura que no cree que el fin de las restricciones a los trabajadores búlgaros y rumanos vaya a provocar ninguna oleada masiva a partir de enero, tras los desplazamientos (3,1 millones) que ya se produjeron a raíz de su incorporación a la UE.

También la OCDE señaló que es improbable que estos trabajadores supongan una carga para los sistemas de protección social de los estados miembros porque en la mayoría de los casos son contribuyentes netos al sistema del país de acogida.

Disminuir los estímulos

No opina así la conservadora bávara CSU, hermanada con la CDU de Angela Merkel y socia de Gobierno, que propone adoptar una línea más dura contra los ciudadanos comunitarios que llegan a Alemania por lo que se conoce como «inmigración por pobreza» para dificultar su acceso al sistema social alemán y disminuir así los estímulos a la emigración.

Sin embargo, el Instituto para el Mercado y la Investigación Laboral (IAB) sostiene que los datos existentes «no permiten calificar globalmente a la inmigración de Rumanía y Bulgaria como una inmigración de pobreza».

Según el diario «Süddeutsche Zeitung», la CSU quiere una suspensión general de la remuneración de las prestaciones sociales a los inmigrantes durante los primeros tres meses de estancia y proceder de un modo más activo contra los defraudadores, y plantea que en este caso debería existir no solo la posibilidad de expulsar a la persona sino de impedir que vuelva a entrar al país. Ambas medidas son acordes a las reglas comunitarias.

La propuesta ha sido criticada tanto por su socio en el Gobierno, el SPD, como por la oposición de Los Verdes y Die Linke.