Ayer se celebró la vista oral de la demanda interpuesta por Adegi contra la actuación de la Diputación de Gipuzkoa en el conflicto de las residencias de la tercera edad, que logró desatascar el contencioso laboral pero que causó una respuesta iracunda por parte de la patronal. En la fase de conclusiones, la Fiscalía afirmó que la actuación institucional no vulneró el derecho de Adegi a la negociación colectiva, y que de hecho ésta sí se produjo, pues algunas empresas firmaron sus propios convenios con condiciones diferentes. El escrito del Ministerio Público pone en evidencia a la parte demandante, cuya querella se extiende a los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, así como a la Asociación Patronal Lares, partes implicadas que han resultado afectadas por la onda expansiva del embate contra la Diputación. Y es que la única razón de ser de la querella es la fijación que la patronal tiene con el Gobierno foral desde el inicio mismo de la legislatura y que se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones. Con su actitud, Adegi adopta una posición política que no debería y se muestra como un agente incapaz de representar a la clase empresarial guipuzcoana.