Los ocho detenidos por la Guardia Civil durante la operación contra la interlocución de EPPK desarrollada el miércoles se negaron ayer a declarar en la comisaría de Tres Cantos, en Madrid, donde permanecen desde el jueves. Todos ellos relataron haber recibido un trato «correcto» en los tres días que han permanecido en manos de los agentes del Instituto Armado. No será hasta mañana cuando pasen por el despacho del juez Eloy Velasco, responsable de la redada, que ha citado a los abogados a las 9.00 horas para comenzar con la toma de declaraciones. Tiene de plazo hasta, aproximadamente, las 16.00, ya que entonces se cumple el plazo máximo establecido por la Ley Antiterrorista española para mantener a un detenido sin pasar por el juez.

La detención se ha desarrollado en régimen comunicado, por lo que Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Aintzane Orkolaga, Mikel Almandoz, Asier Aranguren, Aitziber Sagarminaga, José Luis Campo y Egoitz López de la Calle pudieron ser asistidos por Haizea Ziluaga y Ainhoa Baglietto, abogadas de confianza que desde primera hora de la mañana se encontraban en dependencias policiales. En este momento también pudieron recibir las primeras noticias acerca de las últimas iniciativas desarrolladas en Euskal Herria, especialmente sobre la manifestación celebrada ayer en Bilbo tras el veto de la Audiencia Nacional a la protesta por los derechos de los presos convocada por Tantaz Tanta.

Quejas de la defensa

«No entendemos por qué no son conducidos ya ante el juez», se quejaba ayer Ziluaga, recordando que, tras cumplir con el trámite de la declaración policial, no había motivo para mantener a los detenidos en dependencias de la Guardia Civil. Pese a ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 decretó la prórroga de la detención, lo que permite que los ocho ciudadanos vascos sigan en comisaría hasta mañana.

Esta no es la única denuncia lanzada por la defensa y se suma a las quejas expresadas la víspera por el senador Iñaki Goioaga, que denunció «irregularidades» como el registro de su despacho pese a ser aforado o la incautación de material no relacionado con el caso.