La delegada del Gobierno español en Madrid, Cristina Cifuentes, pide la prohibición de la posteriormente suspendida charla sobre los macrojuicios políticos en Madrid porque podía constituir un delito de «enaltecimiento del terrorismo». Un Gobierno que en su desquiciamiento represivo fomenta la supresión de derechos sin aportar argumentos, porque no puede, se ve obligado a utilizar muletillas.