El Parlament aprobó ayer con una amplia mayoría de 87 votos a favor -de un total de 135- una proposición de ley para solicitar al Congreso de los Diputados el traspaso de la competencia para convocar referéndums, en base al artículo 150.2 de la Constitución. La medida se aprobó gracias a los votos a favor de CiU, ERC e ICV-EUiA, a los que hay que sumar los tres diputados críticos del PSC que rompieron la disciplina de voto y pulsaron la tecla «Sí». Fueron la exconsellera Marina Geli y los miembros de la corriente Avancem Joan Ignasi Elena y Núria Ventura. Tal y como estaba anunciado, los tres diputados de la CUP se abstuvieron, mientras que el grueso del PSC se alineó junto a PP y Ciutadans para votar en contra.

En el texto aprobado se puede leer, textualmente: «Se delega a la Generalitat de Catalunya la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo para que los catalanes y catalanas se pronuncien sobre el futuro político colectivo de Catalunya».

Pese a que todo el mundo es consciente de cuál será la respuesta del Estado -evidentemente negativa-, la aprobación de la iniciativa no deja de tener un fuerte simbolismo, ya que es, ni más ni menos, el último tren que zarpa a Madrid.

Así lo debiera ser, al menos, si se respeta la hoja de ruta dibujada por los cuatro partidos que acordaron la pregunta y la fecha de la consulta.

La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, envió ayer mismo la proposición de ley aprobada a su homólogo en el Congreso, que pondrá la propuesta catalana a la cola de las iniciativas de los parlamentos autonómicos.

Para evitar que esto sirva para dilatar el proceso, los diputados de CiU, ERC e ICV-EUiA en el Congreso de los Diputados registrarán la semana que viene el mismo texto aprobado ayer como proposición de ley en el mismo Congreso, aprovechando el derecho que el grupo parlamentario de CiU tiene para presentar una propuesta de ley en marzo. Según los cálculos del Govern, esto obligará al Congreso a votar la propuesta catalana durante el mismo mes de marzo o, como mucho, en abril.

Recibida la esperada negativa del Congreso y cerrada, por lo tanto, la puerta de la legalidad española para convocar el referéndum, se dará paso entonces a la legalidad catalana, para lo que el Parlament prepara desde la legislatura anterior una ley de consultas no refrendarias, que deberá ser aprobada en los próximos meses.

«Un paso necesario»

Los defensores de la proposición de ley coincidieron en calificar este paso como «necesario». La secretaria general de ERC, Marta Rovira, admitió que la iniciativa «quizá no servirá para nada», pero añadió que «es necesario dar este paso para ganar toda la legitimidad democrática de cara a los pasos que tengamos que dar en el futuro».

Palabras parecidas a las del portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull, que reivindicó que «este paso no sobra, nos sirve para cargarnos de razón dentro y fuera de Catalunya».

En el otro extremo, sin sorpresa alguna, se situaron PP y Ciutadans, ayer más bancada del miedo que nunca. La líder del PP en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho alertó sobre las siete plagas que se cernirán sobre Catalunya si algún día se declara independiente: «No solo saldríamos de la UE, sino también de los tratados internacionales y también habría una recesión económica».

Mayor ingenio cabe reconocerle al líder de Ciutadans, Albert Rivera, que calificó la proposición de ley de «autogol por la escuadra», ya que con ella, sus impulsores «admiten que no tienen la competencia para convocar el referéndum».

Tanto Sánchez-Camacho como Rivera concluyeron sus discursos pidiendo a Mas y a los impulsores del proceso independentista que respeten «la respuesta democrática que dé el Congreso», en palabras de la portavoz del PP, y renuncien a la consulta si el Congreso deniega el traspaso de la competencia. Ambos líderes unionistas pusieron como ejemplo de ello la propuesta que en su día llevó al Congreso el lehendakari Juan José Ibarretxe.

Y en la bancada unionista, el PSC

Teniendo en cuenta que la aprobación de la proposición de ley estaba garantizada, toda la atención se centró ayer en el grupo parlamentario del PSC. Con un discurso duro, su portavoz, Maurici Lucena, trató de explicar lo imposible: la decisión de votar en contra con el argumento de que la medida no está previamente pactada con el Estado. Lucena lo hizo sin pudor alguno a la hora de echar mano del ejemplo de Escocia y Gran Bretaña, donde como señaló, «sí que existe acuerdo».

El portavoz del PSC aseguró que los impulsores de la proposición de ley «saben que lo que plantean hace más difícil la celebración de la consulta» e insistió en que su vía federal «no es sencilla, pero sí mucho más fácil que la independencia».

Por cierto, pasó un día más sin conocer los detalles de la propuesta federalista. Lucena explicó ayer que «en los próximos meses» concretarán punto por punto qué es lo que proponen.

Pero su discurso no convenció ni a sus correligionarios. Tal y como se rumoreaba, tres diputados críticos optaron finalmente por el voto a favor.

Tras el pleno parlamentario, los tres ofrecieron una rueda de prensa en la que tanto sus declaraciones como sus caras dieron cuenta de lo difícil que les resultó tomar la decisión. Probablemente fue la exconsellera Marina Geli la que mejor expresó su razonamiento: «No rompemos la unidad del PSC, defendemos su pluralismo».

En el Parlament fueron tres los diputados que rompieron la disciplina de voto, pero a lo largo y ancho de Catalunya fueron muchos más los militantes y simpatizantes del PSC que rechazaron la decisión de la dirección y mostraron su apoyo a los diputados díscolos.

El primero fue el alcalde de Flix y miembro de la Ejecutiva, Marc Mur, que asistió al pleno en calidad de vicepresidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI). Posteriormente fueron históricos como Joaquim Nadal, Antoni Castells o Montserrat Tura los que firmaron, junto a un centenar más de militantes, un manifiesto de apoyo.

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, se limitó ayer a pedir a los tres diputados que abandonen el acta de diputado, como hizo el miércoles el alcalde de Lleida, Àngel Ros. Algo a lo que los tres respondieron que no.

Pese a los llamados de varios diputados como el propio Ros o Rocío Martínez-Sampere -que votó en contra pero abandonará la Ejecutiva- a favor de un PSC inclusivo que dé margen a la discrepancia, Navarro es ahora prisionero de sus propias amenazas, por lo que, a excepción de una sorpresa mayúscula, la dirección expulsará del grupo parlamentario a los tres diputados.