A solo cinco días de que comience en Bilbo un juicio que enfrentará a Eroski y el BBVA con la asociación de usuarios de banca Adicae, que representa a 71 afectados, la cooperativa de Elorrio anunciaba un «acuerdo de intenciones» con las entidades financieras que comercializaron los títulos para tratar de solucionar una problemática que afecta a 30.000 inversores, que tienen colocadas aportaciones por valor de 660 millones de euros. El acuerdo es fruto de la mediación llevada a cabo por el Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide.

Según informó la propia cooperativa, su propuesta plantea el canje de los actuales títulos perpetuos por un nuevo bono subordinado emitido por Eroski, cuyo valor equivaldría al 55% del nominal actual de las aportaciones. El vencimiento sería de doce años desde el momento del canje, con una remuneración anual del Euribor +3% durante los doce años.

Además, el acuerdo recoge una compensación en efectivo del 15% del nominal actual del producto, que correría a cargo de las entidades financieras y que será entregado en el momento del canje.

Este acuerdo está dirigido a todos los inversores, independientemente de la entidad financiera en la que las adquirieron, el importe o el lugar de residencia, y la adhesión de los inversores a esta alternativa sería «totalmente voluntaria», de tal forma que aquellos que deseen mantener sus títulos «podrán hacerlo como hasta la fecha».

La ejecución de canje de valores está supeditada a que Eroski obtenga de sus acreedores financieros los acuerdos de cuantas obligaciones legales y contractuales sean necesarias, así como a la autorización del canje y emisión por parte de la CNMV. Asimismo, esta operación se enmarcaría en la finalización del proceso de reordenación de la deuda financiera de Eroski.

Antes de confirmarse la propuesta, los representantes de la asociación de afectados Kaltetuak, que comparecieron ayer por la mañana en el Parlamento, ya mostraron su rechazo a esta posibilidad porque supone que «las pérdidas serían asumidas por los ahorradores», según indicó el portavoz de la asociación Jose Antonio Urrutia.

Respecto a los bonos a doce años que se ofrecerán a los afectados, Urrutia se preguntó qué seguridad se le da a los afectados con este producto «cuando la propia consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, reconoció que el Gobierno estaba preocupado por la situación complicada de Eroski».

Ya por la tarde, el presidente de esta asociación, Ricardo González de Durana, fue más allá y, en declaraciones realizadas a la agencia Efe, advirtió de que en caso de que no se les devuelva su dinero es muy posible que Eroski tenga de cerrar y «arrastre consigo a Laboral Kutxa y a todo el Grupo Mondragon».

Señaló que la cadena vasca de distribución «tiene un futuro muy negro», no solo por las acciones de boicot que van a reanudar los afectados contra Eroski y Laboral Kutxa, a quienes pretenden «quitar clientes y perjudicar su imagen», sino porque este año se implantará en la CAV Mercadona, «que le hará mucha competencia».

Adicae se opuso también ayer a esta propuesta, que calificó de «corralito», y criticó que Eroski plantee el mismo canje para dos emisiones distintas en su fecha de emisión y condiciones. Por ello, ha solicitado a la CNMV que no autorice el folleto de emisión.

Críticas a Kontsumobide

Quien sí valoró positivamente el acuerdo fue Kontsumobide que, a través de una nota, aseguró que supone una «solución universal» para todos los afectados y para este «conflicto». Añadió que, a partir de hoy, comunicará los detalles del acuerdo a cada una de las personas que a lo largo de los últimos meses ha acudido a solicitar su mediación en este conflicto.

Los representantes de la asociación Kaltetuak, sin embargo, fueron muy críticos con la actuación de Kontsumobide. Mientras González de Durana calificaba de «burla» la mediación del instituto, Jose Antonio Urrutia se quejó de que «tras pedir durante más de diez meses a los afectados silencio y discreción, el Gobierno vasco, a través de Kontsumobide, ha conseguido plantear una propuesta no admisible para los afectados. ¿Realmente están defendiendo los intereses de los usuarios y consumidores?», se preguntó.