El consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de la CAV, Juan María Aburto, ha anunciado la puesta en marcha de varios proyectos piloto de «trabajo en beneficio de la comunidad» por parte de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). No es algo nuevo. Se trata de una cuestión que ya apareció en 2011, cuando la Ley de Garantías de Ingresos fue sometida a toda una serie de recortes y endurecimiento de las condiciones para su obtención, ante la previsión de un aumento de la demanda de protección económica en un contexto de desahucios, despidos, cierre de empresas, deterioro de los servicios públicos... Sí, en ese mismo momento en que el Gobierno de López y el Parlamento de Gasteiz aprobaban que miles de personas quedaran sin derecho a unos ingresos mínimos o vieran sus prestaciones reducidas en un 7%, dejándolas por debajo del SMI, se introdujo por parte del PP, y apoyada por el PSE, la obligación de que la personas perceptoras de RGI estuvieran disponibles para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Casualidad? Ninguna.

Desde 2011, el PP se ha empeñado con todas sus fuerzas para desarrollar esta obligación, con distintas iniciativas parlamentarias. Y he aquí que el PNV se ha ofrecido a recoger ese guante con una rapidez que no muestra para otras cuestiones. En definitiva, el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales pretende abrir la posibilidad de que una nueva versión de los trabajos forzados se experimente en diferentes zonas de la CAV. Eso sí, pretenden, al mejor estilo del vendepeines, hacerlo de una manera suave, progresiva. Incluso, en el colmo de la ironía, anuncian que harán estas experiencias pilotos tratando de evitar el colapso de Lanbide, un Lanbide que ya hace aguas por todas partes.

Lo tendría fácil el PNV. Podría renunciar, si no estuviera de acuerdo, a la puesta en marcha de esta iniciativa eliminando el artículo 9, al no responder al interés del desarrollo del Sistema de Protección Social. Aquí no hay problemas de insumisión frente a las imposiciones de Madrid. Decíamos que podría, porque no lo va a hacer, ya que en el fondo comparte la razón última de este tipo de medidas: la sospecha y criminalización constante hacia los sectores más débiles que carecen de recursos económicos suficientes.

Las políticas de garantías de ingresos, están en el punto de mira desde hace tiempo. Los sistemas universales de derechos deben desaparecer, la política social es un mero coste que hay que reducir a toda costa, son un elemento molesto en las cuentas públicas, y para las cuentas de quienes más riqueza acaparan y acumulan en esta sociedad a costa de la mayoría. Su alternativa es dejarlo todo en manos de un mercado laboral cada vez más desregulado. Según su catecismo neoliberal, la sociedad gasta excesivo dinero en la financiación de estas prestaciones y, por tanto, quienes reciben rentas de garantías de ingresos deben estar disponibles a todo aquello que se les exija. Y a quien no acepte tirarse a la piscina de la precariedad absoluta, se le empuja a ello, bien obligándole a contratos basura, bien sometiéndole al control de la vida privada y al estigma bien imponiendo la realización de tareas sin salario y sin derechos.

Esta política de auténtica persecución de quienes se encuentran en situaciones de pobreza se acompaña periódicamente con noticias y datos manipulados sobre supuestos índices de fraude en la recepción de las prestaciones. Con ello se fomenta un régimen de insolidaridad, desconfianza y sospecha. Y para que nada falte, siempre quedará, tras la eliminación de los derechos, el ámbito de la beneficencia y el asistencialismo, debidamente estimulado mediante beneficios y desgravaciones fiscales, cuyas principales beneficiarias serán las grandes empresas y fortunas.

Resulta sospechoso que cuando las denuncias de personal y usuarios se multiplican por un Lanbide sin medios humanos y materiales, cuando las denuncias ante el Ararteko no dejan de crecer, cuando es evidente que el nivel de protección es bajo en relación a las necesidades reales, el PNV se saque de la manga este proyecto. Aun resulta más escandaloso cuando el Gobierno Vasco tiene las manos vacías en materia de creación o de reparto de empleo (y si no ahí está la desaparición de las 35 horas en la Administración, la desaparición de empleo público o la falta de inversión social que el TAV se está tragando). Si no crean empleo e incluso lo destruyen, ¿cómo se puede obligar a realizar empleos (disfrazados de tareas y actividades) sin contraprestación salarial? ¿No es la creación y el reparto de empleo la forma más eficaz para mejorar la calidad de vida en la comunidad?

La obligación de trabajos a la comunidad es un dispositivo más de un modelo social que promueve el aumento de la desigualdad y el injusto reparto de la riqueza, auténtico castigo para quienes vivimos en Euskal Herria. Ante ello, son diversas las razones que nos mueven para el rechazo total de la iniciativa del Gobierno Vasco, que sigue la estela del PP y del PSE. Se trata de una medida discriminatoria y de castigo hacia las personas por el simple hecho de no contar con recursos económicos, creando una especie de neoesclavismo entre quienes se encuentran en situación de pobreza. Y como prueba de ello, basta reparar en que el término «trabajos en beneficio de la comunidad» se utiliza en el Código Penal como pena sustitutiva de las penas de arresto de fin de semana. Que el PNV quiera cambiar su denominación tampoco alteraría la razón de ser de esta medida.

Además, es motivo de alerta el catálogo que maneja el Gobierno Vasco sobre posibles áreas en las que realizar actividades en beneficio de la comunidad de manera gratuita. He aquí algunos ejemplos: la intervención social, las energías renovables, la agricultura ecológica, jardinería, el acompañamiento a personas dependientes, rehabilitación de espacios y edificios... Todos ellos son ámbitos infradesarrollados y con gran potencial de creación de empleo si hubiera voluntad política para ello. La realización de trabajos gratuitos en estos ámbitos no sólo bloqueará la creación de empleo, sino que además actuará como mecanismo de deterioro de condiciones laborales de quienes ya trabajan en estos sectores.

Y por último, tras esta iniciativa se percibe la intención de subcontratar, a través de asociaciones, la gestión y el control de personas que ahora sobrecargan las oficinas de Lanbide, mediante el uso de empresas asociación voluntarias. Un paso más en la privatización de Lanbide.

Por todo ello, exigimos la eliminación de la obligatoriedad de trabajos comunitarios de la Ley de Garantías de Ingresos. Las prioridades y urgencias actuales son otras: la aprobación de medidas de creación y reparto del empleo; el fortalecimiento y mejora de los servicios de empleo como Lanbide, y por último, la ampliación del nivel de protección de la Ley de Garantía de Ingresos, reforzando la idea de derecho ante la ausencia de medios económicos, aumentando de manera sustancial la cuantía de las prestaciones más acorde con el umbral de la pobreza en nuestro pueblo (963 euros) y extendiendo la protección a aquellas personas desasistidas por motivos de empadronamiento.