El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado ayer la renuncia definitiva de su Gobierno a llevar adelante el plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenara mantener la suspensión cautelar de su adjudicación. La decisión que cobró la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que fue quien propuso y puso en marcha ese proyecto, y que será sustituido por el actual portavoz de Sanidad del PP en la Cámara regional, Javier Rodríguez.

La sección tercera del TSJM desestimó el recurso de la Comunidad de Madrid contra la suspensión cautelar de la privatización de los centros Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Tajo y del Sureste, dictada en setiembre, por esta misma sección a petición de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). Declaró también la suspensión en otros dos recursos contenciosos de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts).

El Tribunal considera, en todos los casos, que dadas las circunstancias que concurren y que pormenorizadamente expone en tres resoluciones, de no aceptarse la petición de medida cautelar de suspensión se podrían producir «perjuicios de difícil o imposible reparación».

En una convocatoria de prensa convocada ayer tarde, González avanzó que su Ejecutivo deja sin efecto el traspaso de la gestión a las empresas Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo ante la «incertidumbre» generada por la sucesión de resoluciones judiciales sobre el proceso, cuya legalidad defendió.

El titular del Ejecutivo madrileño indicó que la decisión de dejar sin efecto la privatización no supondrá nuevos recortes, aunque sí obliga a seguir «ajustando los gastos» y «profundizar» en las medidas incluidas en el plan sanitario aprobado en 2012 y ya puestas en marcha.

González recalcó que sigue considerando «legal» y «posible» el modelo de «externalización hospitalaria», y rechazó que dejar sin efecto este plan suponga un «fracaso».

A su juicio, ha servido para «concienciar a toda la sociedad de la necesidad de hacer cada vez una gestión más eficiente» de los recursos públicos y del trabajo conjunto en la reducción del gasto «sin afectar» a los servicios «esenciales».

Precisó además que las empresas a las que en agosto de 2012 se adjudicó la gestión de los hospitales deberán acatar el fallo del TSJM y no aclaró si se les indemnizará por esta suspensión definitiva.