Podría creerse que el apoyo otorgado ayer por la Asamblea Nacional a la proposición de ley constitucional es un gran paso para las lenguas minorizadas. Obviamente no se puede desdeñar la importancia del hecho de que la cuestión de las lenguas vuelva a tratarse en el hemiciclo francés después de quince años ni tampoco que, en principio, la actitud de la gran mayoría de los diputados sea ahora más positiva que entonces hacia un reconocimiento de las mismas. Sin embargo, aparte de las dudas sobre el resultado final del complejo camino legislativo elegido por el Gobierno, lo más relevante sigue siendo saber en qué ayudará concretamente una ratificación de la Eurocarta condicionada constitucionalmente a la no obligación por parte del Estado de garantizar el uso de las lenguas minorizadas de su territorio en ámbitos como la Justicia, los medios de comunicación o otros servicios de la función pública.

Eso es precisamente lo que temen las asociaciones de defensa y promoción de las lenguas minorizadas. Ya lo anunciaron antes del debate parlamentario: «Si el texto impulsado por el diputado socialista Urvoas sale adelante [y es el que se aprobó ayer], va a suponer un obstáculo prácticamente insoslayable para futuros pasos, como una ley que las proteja e impulse realmente o para el reconocimiento de la cooficialidad».

En consecuencia, reclamaban a los diputados que no hicieran añadidos al texto constitucional. Por el momento, las cosas no van por ahí.