EL juicio contra cuatro decenas de jóvenes independentistas encara su fase final y la Fiscalía ha empezado a exponer sus conclusiones, donde se aferra a la tesis inicial para mantener la petición de condena. El representante del Ministerio Público, encaramado a los informes de la Guardia Civil, admitió ayer que las declaraciones en sede policial no constituyen pruebas por sí mismas, pero no renunció a exponerlas aun cuando dijo complementarlas con elementos accesorios como el material incautado y los seguimientos. Con todo, tanto de las autoinculpaciones forzadas por el maltrato como de lo aprehendido en los registros, la única conclusión que extrajo es que quienes están siendo juzgados son militantes políticos.

Obviamente, el fiscal no lo expuso de esa forma, sino que ubicó esa labor militante en las estructuras de Segi, organismo ya inexistente que en su día fue declarado «terrorista» y que como tal constituye un cajón de sastre en el que cabe todo tipo de actividades pero de donde solo salen condenas. La tarea más inocua puede ser motivo de cárcel solo con que alguien en Madrid decida ligarla con la entidad proscrita. Sin embargo, basta enumerar las acusaciones personalizadas para concluir que si lo que se imputa a estas personas es razón suficiente para ser encarcelado, en el Estado español no hay prisiones para contener a tanto «culpable».

Miles de jóvenes vascos se sentirán identificados con las actividades que se les atribuyen a los procesados, y les parecerá una barbaridad, porque lo es, que alguien pueda acabar entre rejas por participar en una gazte asanblada, ser miembro de un organismo estudiantil tan representativo como Ikasle Abertzaleak o asistir a actos legales que han sido convocados públicamente. Estas son las acusaciones que pesan contra ellos, y las que prueban que su único delito es su trabajo político y social. Por eso les quiere castigar el Estado, pues sabe que una juventud comprometida políticamente es la mejor garantía para la pervivencia de este pueblo.