La defensa de los 36 jóvenes independentistas a los que juzga la Audiencia Nacional desde octubre planteó ayer una «cuestión de inconstitucionalidad» por la «desproporción» de las penas respecto a los hechos que se les imputan. Según planteó la abogada Amaia Izko, la primera en intervenir, las condenas de entre seis y doce años que prevé el Código Penal para delitos de «integración en organización terrorista» podrían dañar «derechos fundamentales» como el de asociación o expresión que se recogen en la Carta Magna española. Ahora tendrá que ser el tribunal, compuesto por Manuela Fernández de Prado, Ramón Sáez Valcárcel y Nicolás Poveda, quien decida si eleva la cuestión al Tribunal Constitucional o no admite la alegación. En caso de aceptarla, la sentencia se retrasaría hasta que el Alto Tribunal resuelva. En el caso contrario, podrían usar la propia sentencia para rebatir los argumentos de los letrados. El macrojuicio se encuentra ya en su última fase. Hoy concluirán los alegatos de la defensa, que pide la libre absolución, y probablemente se celebrará otra sesión el 4 de febrero.

En su explicación, Izko recordó que la jurisprudencia española declaró «terroristas» a Jarrai, Haika y Segi incluyendo específicamente una «actividad violenta». Además, señaló que posteriores sentencias han añadido el concepto de «integración activa» para justificar una condena. Con estos elementos, la abogada consideró que, teniendo en cuenta que el juicio no ha abordado ningún «accionar violento», cabe plantearse si la petición mínima que marca la ley (y que es la que solicita el fiscal) puede considerarse desproporcionada, como ella misma sostiene. Un principio, el de proporcionalidad, que puede ser vulnerado si se toma en cuenta que hay personas que «podrían ser castigadas con seis años de cárcel por un hecho que podría ser considerado integración pero que se desarrolla exclusivamente a través de ruedas de prensa, encuentros, concentraciones o venta de pegatinas».

El fiscal, contra las denuncias

En la misma línea, Kepa Mancisidor recordó también la necesidad de adecuarse al contexto social y político. Un planteamiento que, como recordó el letrado, ya defendieron los jóvenes durante sus declaraciones ante el tribunal. «La doctrina no puede ser estática», sentenció, reafirmando que no han quedado acreditados hechos delictivos.

Previamente, el fiscal, Luis Barroso, había concluido su exposición tratando restar credibilidad a las denuncias de torturas realizadas por la mayoría de los jóvenes y que han estado en el centro del proceso. Lo mismo hizo Dignidad y Justicia. No obstante, será la sala la que tenga la última palabra. Además, el ministerio público insistió en mantener las imputaciones, que basa en los informes policiales, seguimientos y, sobre todo, inculpaciones obtenidas durante la incomunicación.