El activismo de la gente común organizada en movimientos está siendo capaz de desnudar la nueva realidad de la región latinoamericana, mostrando las facetas más depredadoras de la acumulación de capital a través de la violencia dura y pura, como en México, pero también desvelando los límites de los gobiernos progresistas, como sucede en Brasil.

En México los integrantes de «sistemas comunitarios de justicia» consiguen mostrar claramente las diferencias entre las llamadas «autodefensas», como las que operan en Michoacán con la Policía Comunitaria de Guerrero, la vigilancia comunitaria en Cherán o las «rondas campesinas» en diversos pueblos del estado de Morelos, entre muchos otros (Desinformemonos.org, 27 de enero de 2014).

Mientras las «autodefensas» son fuerzas paramilitares entrenadas por el Ejército, bien armadas y uniformadas, que ahora firmaron un acuerdo para integrarse como cuerpo especial de las fuerzas armadas mexicanas, los grupos comunitarios como los mencionados están sujetos a las asambleas de sus comunidades, que siempre tienen la última palabra sobre su accionar. Existe una operación mediática para confundir a la opinión pública metiendo a todos los grupos en una misma bolsa, incluyendo al zapatismo.

Las comunidades armadas, que de eso tratan las policías comunitarias y las rondas campesinas, se dedican a la defensa de sus territorios aplicando los usos y costumbres, las leyes o la justicia tradicionales para defender la autonomía y asegurar la sobrevivencia de la población. Nunca se vinculan con actividades criminales como el narcotráfico ni actúan por su cuenta, sino sujetos a las decisiones asamblearias.

Las «autodefensas», por el contrario, suelen estar ligadas a carteles narcos y usan las armas para disputar territorios para los negocios ilegales. El Estado mexicano, asesorado por el Pentágono y la Casa Blanca, está utilizando a estas «autodefensas» y a los narcotraficantes en su estrategia de reconfiguración del territorio a favor de las multinacionales estadounidenses, como lo confirma la reciente entrega del gas y el petróleo. Para reconfigurar los territorios hay que disputárselos a quienes estaban asentados en ellos, sean carteles, comunidades indígenas, campesinos o movimientos sociales. Este proceso lleva varios años en el país, agravado desde 2006 cuando el presidente Felipe Calderón, ungido a través de un fraude electoral, declaró la guerra al narco.

El negocio de las drogas sigue floreciendo y está lejos de haber sido mínimamente perjudicado, pero cientos de miles de campesinos e indígenas han sido desplazados, como ya sucedió en Colombia desde donde se ha «importado» esa estrategia de tierra arrasada y limpieza social. Sin embargo, si no existiera la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Guerrero, el EZLN o la vigilancia comunitaria de Cherán, entre otras, las llamadas «autodefensas» creadas desde arriba no hubieran sido desenmascaradas como los grupos paramilitares que son.

En las últimas semanas, el activismo de los jóvenes pobres de las favelas de Brasil mostró también los límites de las políticas sociales de los tres gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), los dos de Lula y el actual de Dilma Rousseff. Hacia fines de enero, en el Foro Social Temático de Porto Alegre, el ministro secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho, hizo por primera vez una autocrítica del gobierno en el que participa.

Destacó que «tuvimos un proceso de inclusión social innegable y debemos estar orgullosos de eso». Y agregó que las conquistas de los tres gobiernos «fueron importantes, pero absolutamente insuficientes» («O Globo», 27 de enero de 2014). El ministro tomó como referencia las manifestaciones de junio, que tienden a ampliarse y es posible que afecten el desarrollo del Mundial de la FIFA en junio y julio, así como las recientes acciones de los jóvenes de las favelas que invaden en masa los shopping en los llamados rolezinhos (de rolé, pasar el rato).

La masificación de esta expresión juvenil, que inicialmente fue patrimonio de los estudiantes universitarios de clases medias pero ahora fue apropiada por adolescentes pobres y negros, muestra que las grandes manifestaciones de junio inauguraron una nueva era en la movilización social brasileña. Es la primera vez en mucho tiempo que las favelas, los marginados de la ciudad, ocupan espacios públicos reservados a las clases medias y altas y generan fuertes debates que incluyen incluso a un Gobierno asustado con la imagen internacional durante el Mundial.

Los adolescentes se autoconvocan en los shoppings para pasear, divertirse y cantar bailando funk ostentación, un género derivado del funk carioca que exalta el consumo, las marcas de lujo, el dinero y el placer. El 7 de diciembre unos seis mil confluyeron en el Shopping Metro Itaquera. El día 14 varios cientos ingresaron bailando y gritando al Shopping Internacional de Guarulhos y aunque no hubo destrozos ni robos, la Policía reprimió y hubo decenas de detenidos.

Los centros comerciales cerraron sus puertas y ordenaron a los guardias filtrar el ingreso de jóvenes negros con gorras; los consumidores de clase media están espantados y los medios hablan de «bandidos» y «delincuentes». Un doble «delito» cometen estos jóvenes: por un lado, desafían al ostentar sobre sus cuerpos morenos los mismos objetos que los ricos; por otro, empezaron a ocupar espacios que no fueron construidos para ellos.

Las movilizaciones de junio mostraron el déficit de los servicios públicos: se trataba de millones que salieron de la pobreza pero encontraron que el transporte público, la salud y la educación están desbordados. Ahora, cuando los jóvenes salen de las favelas, exponen los prejuicios raciales y clasistas que atraviesan la sociedad. Por eso el ministro Carvalho reconoció que la política del Gobierno es «absolutamente insuficiente». Es un avance que se produjo gracias al activismo social.

El siguiente paso sería reconocer que el modelo económico no da para más, que ya no se trata de disminuir la pobreza sino de atacar la desigualdad en uno de los países y en la región más desiguales del mundo. Por ahora, quienes cuestionan el modelo son los movimientos contra la minería y los monocultivos de soja, los que luchan por la reforma agraria, contra las mega-obras y la especulación urbana, y también los que ocupan espacios reservados para otros, aún sin ser movimientos formales.

Lo novedoso, además del reconocimiento de los límites de las políticas sociales (que hasta anteayer eran consideradas el principal rasgo que distinguía progresistas de neoliberales), es que empieza a aparecer una conciencia, aun difusa, de que el modelo no es capaz de incluir a los más pobres ni de superar desigualdades. Aun no tenemos un modelo alternativo capaz de sustituir al actual, pero el debate está servido, y es la primera conclusión que podemos sacar de los sucesos del último año.

El segundo viene mencionado en el primer párrafo, pero es mucho más demoledor. Si hoy se está discutiendo el modelo no es porque algunos académicos hayan escrito tesis doctorales, sino porque decenas de miles están resistiendo al modelo extractivo en todo el continente. Al hacerlo están creando una nueva relación de fuerzas que coloca a la defensiva, todavía de forma parcial, a gigantes como Monsanto o Barrick Gold, que ya debieron dar marcha atrás en Córdoba (Argentina) y en Chile ante la terca persistencia de la protesta social.