El relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los crímenes del franquismo, Pablo de Greiff, ha concluído su visita al Estado español. Deja como sugerencias un acercamiento entre el Gobierno y las asociaciones de víctimas, restablecer y aumentar los recursos para la memoria histórica, anular las sentencias de los tribunales creados durante la guerra civil y prevenir que la ley de amnistía obstaculice las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad. Y, además, como colofón, un titular: «Es necesaria una política de Estado sobre las víctimas del franquismo».

Es normal que familiares de víctimas del franquismo celebren que la ONU venga y que se involucre. Las matanzas franquistas fueron sistemáticas y ejecutadas a escala industrial, y el hecho de que más de 150.000 víctimas sigan sin ser reconocidas hace que, en cierta medida, asombre el que las Naciones Unidas hayan tardado tanto. Nunca es tarde si la dicha es buena, es cierto, pero si no se deshace la chapuza de la Transición, pedir una política de Estado cuando el jefe del mismo fue designado por Franco y buena parte del aparato judicial es franquista, lo mismo que la Guardia Civil y tantos otros pilares del Estado, se asemeja a un brindis al sol. Es imposible.