La comparecencia parlamentaria de la exgerente de la Hacienda navarra, Idoia Nieves, y sus graves acusaciones contra la vicepresidenta y titular de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, parecen haber desbordado el sumidero en que se ha convertido la política institucional de ese herrialde. Y al desbocarse, el hedor de la corruptela ha sido tan intenso que incluso el PSN, baluarte del sistema y bombero ocasional de los fuegos provocados por UPN, se ha visto obligado a mover ficha. Roberto Jiménez compareció en medio de una expectación que probablemente jamás volverá a concitar para anunciar que concede a Yolanda Barcina quince días de gracia antes de presentar una moción de censura. «O dimite o la echamos», afirmó, aun sabiendo que su grupo no puede presentar moción alguna en solitario y menos sacarla adelante, pero consciente sobre todo de que lo que tocaba ayer era sacar la cabeza de entre tanta inmundicia.

La marcha de Barcina es, más que un deseo mayoritario, un clamor en la sociedad navarra. Lo era antes de que el «caso Goicoechea» abriera un boquete insalvable en la línea de flotación del Ejecutivo. Los dos años y medio de legislatura han sido -aun lo son- el ejemplo más grotesco de una nefasta gestión institucional, en todos los ámbitos además. El Tribunal Supremo tuvo que intervenir para salvar a la presidenta por el cobro de dietas irregulares de Caja Navarra, pero no hay campana judicial capaz de librarla del descrédito mayúsculo que ha ido acumulando en este tiempo.

La posibilidad de que el Gabinete Barcina pueda estar asistiendo a sus estertores seguro que ha sido recibida con entusiasmo por muchísimos navarros y navarras. Un sentimiento compatible con el estupor que produce que quien ha posibilitado llegar a esta situación pretenda erigirse ahora en desencadenante del cambio. El PSN ya no puede mantener el esperpento. Es hora de que la decisión de la ciudadanía cierre todo este despropósito y abra un futuro muy diferente, mejor.