Al escándalo de corrupción que se ha destapado en Hacienda se sumaron ayer nuevas revelaciones sobre la falta de inspección pública a Caja Navarra. Tras una enorme dilación, la Cámara de Comptos hizo públicas sus conclusiones sobre el papel que ha jugado el Gobierno navarro en la fiscalización de CAN y cómo funcionaba el sistema de control público de la entidad. «Desde un punto de vista del diseño de un sistema de control adecuado, no parece razonable que quienes ocupaban esos cargos o se reservaban su nombramiento fueran, a su vez, los responsables del control de la entidad desde el Gobierno», asegura Comptos, criticando que durante años, los políticos navarros eran los que debían vigilarse a sí mismos. Cabe recordar que, de todas las cajas del Estado, la única que estaba presidida por el presidente de la comunidad autónoma era Caja Navarra.

El informe corrobora que el Gobierno tenía la potestad y el deber de inspeccionar CAN. Pese a ello, la única revisión que realizó data del año 1976. El Ejecutivo fue incapaz de ordenar una inspección a fondo de las cuentas de CAN ni tan siquiera cuando empezó a devaluarse de forma fulminante, en un proceso donde se perdieron mil millones de valor en apenas dos años. Comptos sostiene que el único control que ejerció el Gobierno navarro sobre la entidad fue «darse por enterado de las inspecciones a realizar por el Banco de España».

La falta de inspección de la entidad fue denunciada judicialmente por la asociación Kontuz, ya que entendía que podría haberse producido un delito de «prevaricación por omisión». Es decir, que el Gobierno navarro, a sabiendas de que los Estatutos de la entidad le obligaban a inspeccionar la caja, prefirió no hacerlo.

Por otro lado, Comptos afirma que los políticos tienen una responsabilidad clara en lo ocurrido, dado que el Gobierno controlaba la entidad a través de su presencia en los consejos de dirección y a través de su potestad para colocar a los miembros de dirección de la extinta caja.