El informe de Ekologistak Martxan en el que se cuestiona la rentabilidad de la incineradora y se alerta de una serie de incumplimientos de la normativa respecto a las emisiones a la atmósfera y el tratamiento de las escorias no ha gustado a Zabalgarbi. A través de un comunicado de prensa, respondió a las acusaciones de los ecologistas y, en el caso de EH Bildu, dijo que se reserva «el derecho de adoptar las medidas legales pertinentes» contra unas acusaciones que calificó de «extremadamente» graves.

A la compañía que dirige el jeltzale Mikel Huizi no le ha gustado que la coalición soberanista declarase que la planta ubicada en Artigas «pone en riesgo la salud de los y las vizcainas». Es precisamente contra EH Bildu contra quien barajan la posibilidad de querellarse, no contra Ekologistak Martxan, a quien se limita a rebatir.

Zabalgarbi asegura que su actividad la supervisa el Gobierno de Gasteiz y fue él quien le concedió en 2009 la autorización ambiental integrada, «donde se establecen las condiciones de funcionamiento y los controles de carácter medioambiental requeridos». Niega que haya superado «ningún límite de emisiones», contestando así a los ecologistas que defienden que en 2012 se rebasaron los valores límite semihorarios en contaminantes atmosféricos como son ácido clorhídrico, monóxido de carbono y partículas totales en suspensión.

«De las 60 horas establecidas en la normativa como límite máximo de emisiones, Zabalgarbi tan solo ha consumido dos de esas horas (nunca consecutivas)» lo que demuestra, en su opinión, «el buen funcionamiento y la garantía ambiental» de la incineradora. Añade que el control está «verificado y supervisado» por organismos externos que colaboran con Lakua, en la línea de otras instalaciones similares en la UE.

Asimismo, incide en que encargó un estudio epidemiológico a la UPV-EHU, cuyas conclusiones -remarca- avalan que «nuestra actividad es segura para la salud de las personas y el medio ambiente».

Respecto a la reformulación de la política energética por parte del Gobierno español, que puede afectar a las ayudas que recibe Zabalgarbi, la compañía apunta a que no es solo ella la afectada sino más de 1.200 instalaciones de energía renovables. «Pendientes de la publicación definitiva de la nueva reforma energética, se está estudiando -desvela- el impacto económico correspondiente, sin que ello tenga nada que ver con la propia actividad de Zabalgarbi en términos de gestión de residuos», señalan.

En definitiva, no se niega el bajo rendimiento de la planta y que esté cautiva de esas primas especiales del Estado español.