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Kontsumobide advierte de los costes de la vía judicial con las subordinadas

La directora del Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide, Elena Unzueta, explicó ayer que el coste para un inversor de subordinadas de Eroski y Fagor por acudir a la vía judicial es de entre 3.000 y 4.000 euros para un capital de unos 20.000, la media de los afectados.

Unzueta compareció ayer junto con el consejero de Salud del Gobierno de Gasteiz, Jon Darpón, en el Parlamento para hablar de la situación de este producto financiero emitido por Eroski y Fagor.

Eroski hizo a mediados del mes pasado una propuesta a los titulares de sus aportaciones financieras subordinadas para liberarles de esta deuda perpetua mediante una operación que implica una quita del 30% de la inversión.

La directora de Kontsumobide explicó que a este Instituto han acudido 896 personas afectadas por este producto para cuya salida hay tres vías: mantener las aportaciones como hasta ahora, acudir a la vía judicial u optar por el citado canje. Declaró que el papel de Kontsumobide ha sido «el de mediación, porque no podía imponer una solución», y añadió que «de haber podido plantear una solución no habría sido la finalmente pactada entre las entidades emisoras y las comercializadoras, lo máximo a lo que llegaron las partes».

Unzueta se refirió también a las opciones que tienen los inversores y afirmó que, aunque el coste es muy variable, en una primera aproximación para un inversor medio de unos 20.000 euros acudir a la vía judicial puede suponer unos 3.000 o 4.000 euros de gasto. La directora reconoció que aunque los tribunales hasta ahora están dando la razón a los consumidores, hay que tener en cuenta que en sus resoluciones están restando los intereses que han ido cobrando de la cantidad que obligan a devolver a los bancos.

En la misma línea, el consejero Darpón dijo que el Gobierno autonómico «no hace propia» la propuesta acordada por Eroski y las entidades comercializadoras, porque habría propuesto la devolución del 100% del capital.

Añadió que ni la emisora ni las comercializadoras han querido ofrecer una devolución superior a la planteada ni ofertar un bono que no estuviera subordinado a doce años.

Por su parte, EH Bildu acusó a Lakua de que «con el aval de Kontsumobide al acuerdo entre Eroski y los bancos está asumiendo la responsabilidad política de lo que pueda ocurrir con esos bonos y de los problemas que puedan producirse».