2014/02/22

EDITORIALA
Un paso significativo que refuerza el proceso de solución

El anuncio realizado por la Comisión Internacional de Verificación (CIV) certificando el inicio por parte de ETA de un proceso necesario para su desarme constituye un paso de gran envergadura hacia la solución del conflicto. No cabe valorar de otra forma que una organización que ha practicado la lucha armada durante más de cuatro décadas, la mayor parte de su historia, haya decidido poner fuera de uso operativo su armamento y los explosivos que tiene en su haber, para lo que ya ha efectuado un primer sellado en base a criterios internacionales. Estándares que, por otro lado, el Gobierno del PP se niega a asumir, en un acto de infantilismo político.

Este movimiento debe enmarcarse en el camino emprendido hace más de dos años por el conjunto de la izquierda abertzale, un nuevo hito, muy importante, que sucede a otros pronunciamientos y acciones encaminadas a afianzar la decisión histórica de octubre de 2011. ETA anunció hace dos semanas que iba a realizar aportaciones significativas en un breve espacio de tiempo, y lo que los verificadores trasladaron ayer a la opinión pública, aseverado luego a través de un video difundido por NAIZ y la BBC, cumple sin duda con esa definición en tiempo y forma, tal y como Ram Manikkalingam destacó en su multitudinaria comparecencia de prensa.

Se trata, remarcó el portavoz de la CIV, de un paso «creíble y significativo», opinión que comparte la gran mayoría de los agentes políticos, sociales e institucionales de este país. También el lehendakari Iñigo Urkullu, que aun añadiendo la coletilla de que lo andado «no es suficiente», reconoció «el paso dado», que sí «cubre una primera y necesaria etapa para el desarme completo». Pese a poner el acento una vez más en lo que deben hacer otros y no en aclarar a la ciudadanía qué compromisos deben, pueden y van a adoptar las instituciones vascas más allá de acompañar estos pasos, es positivo que Urkullu asuma que este proceso debe ser «ordenado», tal y como ha subrayado los últimos días. Por el contrario, poco puede decirse de la valoración del Gobierno de UPN, más allá de confirmar que la sociedad navarra no merece estar representada por esos mandatarios.

No es momento de gestos; sí de compromisos

ETA demuestra de nuevo a la sociedad vasca y a la comunidad internacional que tiene una voluntad inequívoca de cumplir con sus compromisos hasta el final, siendo la posición de bloqueo de los securócratas españoles y franceses el mayor escollo para que ese proceso se desarrolle con garantías y a mayor velocidad.

No puede hablarse, en este sentido, de un mero «gesto», palabra que lleva aparejado un componente simbólico, y que de forma interesada se ha utilizado para referirse a lo que iban a anunciar los verificadores. Por cierto, ¿qué dicen ahora quienes hace meses auguraban que la comisión internacional iba a cesar su actividad, cuando en realidad estaba abordando con ETA posibles fórmulas para avanzar en la solución a pesar de la cerrazón estatal? No es momento de gestos, sino de fijar los procedimientos y actuaciones que exige la agenda resolutiva, una agenda que incluye todo lo referido al desarme pero también otros aspectos relevantes, para que los actores implicados adopten compromisos claros y actúen en consecuencia. Es ahí donde hay que situar la decisión de ETA, dentro de un contexto que demanda responsabilidad, con nuevos pasos firmes que impliquen a cada vez más agentes, vascos e internacionales. Si quienes apuestan por dar una salida al conflicto en términos democráticos profundizan en esta tarea, aquellos que han hecho de torpedear el proceso su razón de ser tendrán cada vez menos margen de maniobra. Esta constatación, evidente, obliga a ser exigente también con quienes siguen siendo teatralmente contundentes con la izquierda abertzale y asombrosamente permisivos con la postura del PP y del PSOE. No es momento de nadar y guardar la ropa.

El Estado español solo ofrece más de lo mismo

Es posible, incluso probable, que el Gobierno español responda a este nuevo compromiso con acciones en sentido contrario, encaminadas a apuntalar su estrategia meramente represiva. No sería la primera vez. ¿Qué se puede esperar de un Estado en el que se da cancha a sindicatos policiales y organizaciones ultras que instan a los jueces a actuar contra las personas que se han encargado de comprobar y dar fe de que una organización armada pone sus armas fuera de circulación? Será difícil explicar al mundo por qué la Audiencia que no extradita a Argentina a torturadores del franquismo interroga sobre los hechos que muestra ese vídeo a un compañero de lucha de Nelson Mandela y a un militar experto en mediación y desarme.

En este sentido, la comparecencia del ministro de Interior, una hora antes de la intervención del CIV, parecía destinada a contraprogramar lo que iba a ocurrir en Bilbo y fijar una línea argumental de respuesta. Pero Madrid no puede negar la evidencia. De hecho, las palabras de Jorge Fernández Díaz, que frente a las de Manikkalingam transmitieron una imagen de patetismo, solo sirven para constatar la existencia de dos posiciones contrapuestas; una favorable a la solución y ampliamente mayoritaria en Euskal Herria, y otra, encabezada por el Ejecutivo del PP, que pretende anclar a este país al pasado. Con este nuevo paso dado por ETA, la primera posición es más fuerte que antes, mientras que los nostálgicos del pasado se ven obligados a asumir que lo ocurrido es «positivo», pese a que ellos han hecho todo lo que estaba en sus manos para que no ocurriese. Una posición cabal y constructiva frente a una demencial e insostenible. Dicen que una imagen vale más que mil palabras; sobre todo si estas son tan necias que pretenden negar una imagen histórica.