Salhaketa denunció ayer la muerte de un preso social guipuzcoano de 22 años en la cárcel de Burgos, en el mismo penal en que hace poco más de un mes apareció ahorcado otro joven, un vizcaino de 25 años. El cuerpo de la víctima, que responde a las iniciales M.V.E. y que había protagonizado algún intento de suicidio, fue hallado el pasado día 8 de febrero.

En una rueda de prensa ofrecida ayer en Gasteiz, el representante de Salhaketa, César Manzanos, y la coordinadora de la asociación de apoyo a personas presas, Marta Aldanondo, señalaron que este hecho, «no notificado y ocultado por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, representa una nueva crónica de muertes anunciadas en la cárcel».

«No podemos olvidar que tenemos constancia de la existencia de más de 38 personas muertas por motivos no naturales durante los últimos cuatro años en las cárceles ubicadas en la CAV y Navarra, o de personas vascas presas muertas en otras prisiones del sistema penitenciario español», destacaron tras recordar el caso de Arkaitz Bellón, el militante elorriotarra que falleció en Puerto de Santa María el 5 de febrero.

En alusión a la opacidad informativa que rodea la muerte de las personas presas, Manzanos y Aldanondo criticaron que el Gobierno español, responsable de su seguridad, trata de ocultar las muertes. «¿Qué está pasando?, ¿por qué se ocultan estas muertes?, ¿por qué no se exigen responsabilidades o al menos se investigan?, ¿ocurriría lo mismo si las víctimas fueran otras?», preguntaron.

También mostraron su preocupación ante la falta de una respuesta oficial a estas cuestiones. «Nos preocupa la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes por causas no naturales, en su gran mayoría de personas jóvenes», añadieron los responsables de Salhaketa, que afirmaron que la situación actual es «inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse con la aplicación estricta de la legalidad vigente».

Medidas concretas

A este respecto, presentaron una batería de medidas concretas destinadas a acabar con las muertes en prisión. La primera reclama al Ministerio Fiscal que «no se inhiba» e investigue de oficio estas muertes, «tal como le corresponde», con el fin de depurar las responsabilidades políticas, administrativas y penales que se desprendan de las mismas.

Pidieron la excarcelación de los presos y presas gravemente enfermos, ya sea física o sicológicamente. «Estas personas necesitan un seguimiento médico incompatible con la cárcel, que en muchas ocasiones genera problemas de desequilibrio y enfermedad mental», manifestaron.

Propusieron «la inmediata reforma de una legislación penal y penitenciaria que alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional»; y también la reducción del número de presos hasta la capacidad óptima de cada prisión.

Exigieron, asimismo, el final de los regímenes de incomunicación y aislamiento. «Estos espacios de impunidad para torturas y malos tratos son espacios de riesgo para la aparición de determinadas enfermedades mentales», advirtieron.