Las conclusiones de la comisión de investigación se aprobaron en el más duro de los tonos que se barajaban. Los representantes del PSN fueron quienes más presión hicieron para que el Parlamento se pronunciara con contundencia. Al final, las acusaciones revistieron tal gravedad que Yolanda Barcina tuvo que salir a media tarde a aguantar el órdago, anunciando no solo que no piensa dimitir como el Parlamento le exige, sino que tampoco lo va a hacer la vicepresidenta, Lourdes Goicoechea.

Barcina asume que se ha roto definitivamente su apoyo en Nafarroa y que su única esperanza está en Madrid. «Creo en el señor Rubalcaba y la señora Valenciano», manifestó la presidenta, en referencia a los principales líderes del PSOE que han mostrado su resistencia a que Roberto Jiménez sea investido con los votos favorables de Bildu. Barcina defendió ayer que todo ha sido una «comisión trampa» y que no se ha podido probar nada. Según su versión, el líder del PSOE prometió que no cruzarán «la línea roja de pactar con Bildu», pero lo cierto es que Barcina ayer reconoció que, hasta ahora, no ha sido capaz de que Alfredo Pérez Rubalcaba le coja el teléfono.

UPN y PP se han desmarcado de unas conclusiones que dejan a la vicepresidenta en severos problemas y que, además, van a ser trasladadas al Ministerio Fiscal para que tome las medidas pertinentes. A pesar de ello, el dictamen del Parlamento no recoge expresamente el término «tráfico de influencias» que había esgrimido en varias ocasiones el representante del PSN, Pedro Rascón. Sin embargo, sí que relata abusos de poder por parte de la vicepresidenta para acceder a información secreta (Plan de Inspección y detalle de pagos de Caja Navarra) y buscar tratos de favor para empresas de su asesoría o la universidad del Opus Dei. El documento, de 36 páginas, incluye la reprobación de la vicepresidenta y de Barcina y la exigencia de su dimisión. En caso contrario, los grupos que firman las conclusiones asumen el compromiso de tomar «todas las medidas pertinentes» para poner fin al Gobierno de Barcina.

Moción de censura, el tabú

Ante la firmeza que está presentando la presidenta navarra, tan solo existe un modo posible de apearla del sillón: la moción de censura. Todos los partidos hablaron ayer sin tapujos sobre esta posibilidad, salvo el PSN. De nuevo, para la formación de Roberto Jiménez, moción de censura era un término tabú.

Rascón, el parlamentario que ha defendido las posturas del PSN en la comisión, se limitó a regatear todas las preguntas que los periodistas, machaconamente, le hacían sobre si finalmente el PSN presentará la moción de censura. «En cualquier lugar de la Unión Europea hechos menores provocan dimisiones, y aquí lo que se espera es que se produzca la dimisión de la presidenta y que los ciudadanos se pronuncien en las urnas», explicó una y otra vez.

Mientras tanto, el líder del PSN seguía desaparecido. Extraoficialmente, en Nafarroa los principales líderes de la formación están lanzando mensajes contundentes de que seguirán adelante. Sin embargo, las informaciones que llegan desde Ferraz resultan mucho más dubitativas. A última hora de la tarde, resultaba prácticamente imposible que en la sede del Paseo Sarasate atendieran las llamadas de los medios de comunicación que esperaban que el PSN indique cuáles van a ser sus próximos pasos. A las 20:00 horas, el servicio de prensa remitió un correo asegurando que hoy se celebraría una reunión de la Ejecutiva. Sin embargo, calificaba el encuentro de «reunión interna y de trabajo» y ni siquiera precisaba la hora de esa cita, advirtiendo también de que no se permitiría la entrada a fotógrafos ni cámaras de televisión para obtener material gráfico y, además, que no habría rueda de prensa posterior. Eso sí, «previsiblemente» mandarán una nota de prensa notificando las decisiones del encuentro.

En cuanto al resto de partidos, Maiorga Ramírez (Bildu), afirmó que en la comisión de investigación ha quedado acreditada la existencia de «corrupción» en el Gobierno de Navarra. Por ello, confió en que este «negro ciclo» que ha supuesto el Gobierno de UPN se acabe definitivamente con un adelanto electoral.

Para Patxi Zabaleta, de Aralar, casi resulta más escandalosa la forma de funcionar «chapucera» o «irregular» que tiene el Gobierno de funcionar que las acciones de la vicepresidenta. El abogado mantiene que no se han sucedido delitos en la Hacienda navarra, sin embargo, afirma que no se han llegado a cometer gracias al sentido del deber de los funcionarios del organismo autónomo, porque los intentos de «injerencias» por parte de la consejera sí «han sido merecedores de censura».

Por parte de Izquierda-Ezquera, Txema Mauleón considera que han quedado acreditadas «prácticamente todas las acusaciones» y considera que se ha de poner fin a las «prácticas autoritarias» de UPN llamando a unas elecciones.

En cuanto al PP, que no aceptó las conclusiones, negó que la comisión acreditara «la existencia de corrupción ni de ninguna ilegalidad» en el actuar de Goicoechea.