La memoria, caprichosa, puede tomar la forma de una chaqueta entregada 40 años después delante de la cárcel La Modelo de Barcelona. Ocurrió el pasado viernes, cuando una antigua compañera de un militante del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) entregó una chaqueta a la hermana de su propietario: Salvador Puig Antich, ejecutado legalmente a pocos metros del lugar el 2 de marzo de 1974. Fue la última persona estrangulada en el Estado español con el método medieval del garrote vil.

Unos meses antes, el 25 de setiembre de 1973, la Policía tendió una trampa para detener al militante del MIL Xavier Garriga, que para sorpresa de los agentes se presentó con otro militante, el mismo Puig Antich. La incompetente actuación policial acabó con un tiroteo dentro de un portal, en el transcurso del cual resultó herido y posteriormente muerto el subinspector de la Policía Franciso Anguas.

La versión oficial, como cabe suponer, responsabilizó de esa muerte a Puig Antich, que pese a no poder hablar porque también resultó herido, firmó una declaración autoinculpatoria de ocho páginas poco después de los hechos. Primera de las irregularidades que salpican todo el caso y que ahora ha ordenado el periodista Jordi Panyella en el libro «Salvador Puig Antich, cas obert», acreditando con nuevos y valiosos testimonios lo que la familia viene defendiendo desde hace cuatro décadas: que Puig Antich no disparó contra Anguas y que fue víctima de un montaje policial.

El libro repasa de cabo a rabo el sumario y señala las numerosas incongruencias que contiene, como la imposibilidad de que Puig Antich hiriera a Anguas dada la trayectoria de las balas o el hecho de que el sumario dice que fueron tres las balas que impactaron en el cuerpo de Anguas, mientras que los médicos que le atendieron brevemente aseguraron que fueron al menos cinco. Para demostrarlo, Panyella aporta testimonios inéditos como el de Enric Palau, un joven soldado que en aquella época ejercía de alférez en el Juzgado que instruyó la causa y que ahora asegura que el sumario fue alterado y manipulado por la Policía. La conclusión a la que llega el periodista es clara: Anguas falleció por los disparos de otro policía y Puig Antich fue víctima de una farsa jurídica destinada a ocultar la lamentable negligencia policial.

La familia también ha asegurado a lo largo de todos estos años que Puig Antich fue víctima de una venganza, y atendiendo al contexto de la época, cabe tomar en consideración la hipótesis, ya que nos situamos en los últimos años del franquismo, con un rebrote de la actividad armada de diversos grupos que una dictadura caduca en horas bajas era incapaz de contrarrestar.

Cabe recordar, por su especial relevancia en el caso, que entre la detención de Puig Antich -25 de setiembre de 1973- y su ejecución -2 marzo de 1974-, ETA hizo gala de su capacidad de acción con el atentado contra el almirante Carrero Blanco el 20 de diciembre, que removió los cimientos del régimen. Apenas dos semanas después, el 8 de enero, se celebró el Consejo de Guerra contra Puig Antich, que según recordaba la semana pasada «La Directa», fue consciente del contexto adverso en el que fue juzgado. Según la entrevista que los periodistas Xavier Vinader y Georgina Cisquella realizaron en 1977 a un funcionario de prisiones, al enterarse de la muerte de Carrero Blanco, Puig Antich habría señalado en la celda: «¡Qué putada!, éstos lo que han hecho es sentenciarme a mí, ahora cualquiera me conmuta la pena».

Víctima de la transición

Las pruebas aportadas por Panyella han sido recibidas con ilusión por las hermanas de Puig Antich, según explica a GARA Merçona, su hermana menor, que asegura que se plantean volver a intentar reabrir el caso en los tribunales españoles: «Todavía no lo hemos hablado seriamente, pero cuando vimos las novedades del libro dijimos ¡ostrás!, todavía hay más pruebas». De todos modos, no sería la primera vez que las hermanas del miltante del MIL intentan reabrir el caso, ya que tanto el Supremo como el Constitucional han rechazado en dos ocasiones la solicitud de la familia en este sentido, lo que convierte a Puig Antich también en víctima de una transición que blindó los crímenes del franquismo y se olvidó de pasar por la judicatura.

Como simple botón de muestra, cabe recordar que el ponente de la sentencia a muerte de Puig Antich fue un señor llamado Carlos Rey, actualmente abogado de la líder del PP en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho. Tres cuartos de lo mismo ocurre con el firmante de su condena a muerte, José Utrera Molina, ministro franquista y suegro del actual titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

«Una vergüenza, sobre todo viendo la impunidad con la que se pasean por el mundo», denuncia Merçona Puig Antich, cuya esperanza está depositada ahora en la querella argentina contra el franquismo, de la cual forma parte la familia. De hecho, Merçona viajó recientemente a Argentina para declarar ante la jueza Servini de Cubría, después de que el Gobierno español maniobrase para impedir la declaración por videoconferencia desde el consulado argentino.

De la Justicia argentina no puede venir la nulidad del caso que, en última instancia, es lo que las hermanas reclaman, pero sí que se podría derivar alguna imputación -la familia reclama la imputación de Utrera Molina- y, sobre todo, «que se reconozca que el proceso fue una farsa», señala Merçona, quien asegura que la querella argentina y el viaje de 10.000 kilómetros ya han servido al menos «para sentirnos acompañadas y escuchadas por la Justicia por primera vez en nuestra vida». No es poco.

No saben hasta dónde podrá llegar el proceso en Argentina y tampoco se esperan gran cosa de una judicatura española que siempre les ha dado la espalda, pero las hermanas Puig Antich aseguran que seguirán luchando. No quieren venganza, en palabras de Merçona, sino que «reconozcan que todo el juicio fue una farsa y una venganza». «Y ya puestos, pues hombre, una petición de perdón no estaría de más, sería un detalle», concluye.