Ramón SOLA DONOSTIA
CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO

Lanzan una red «firme y eficaz» por los derechos humanos de los presos

«No entendemos la sinrazón y no podemos quedarnos mirando». Es la motivación que ha hecho que personas muy referenciales de la sociedad vasca, de diferentes ocupaciones e ideologías, se unan. Tienden una red que quiere ser «firme y eficaz» para lograr de una vez que se cumplan los derechos humanos de los presos vascos. El primer paso son unas jornadas ciudadanas el 12 de abril. Joseba Azkarraga, Teresa Toda y Eneko Olasagasti ejercieron de portavoces.

La cuestión de los derechos humanos vulnerados a los presos vascos sigue ganando terreno en las preocupaciones generales de la sociedad vasca. Y ello explica que personas de diferentes espacios ideológicos y ámbitos de trabajo, pero todas ellas sobradamente conocidas, se hayan unido en una iniciativa presentada ayer en el Museo San Telmo de Donostia.

Invitan a la ciudadanía a conformar una red colectiva que contribuya a resolver este problema, con tres demandas centrales, las mismas que sustentaron la manifestación del 11 de enero en Bilbo, la mayor de la historia política vasca: Derechos humanos, resolución y paz.

Su mensaje fue leído en euskara, castellano y francés por el cineasta Eneko Olasagasti, el exconsejero de Lakua Joseba Azkarraga y la periodista recientemente excarcelada Teresa Toda, respectivamente. A ellos se suman la bertsolari Maialen Lujanbio, los también exconsejeros Javier Madrazo y Ángeles Iztueta, la escritora Toti Martínez de Lezea, el director de danza Jon Maya Sein, el profesor Ramón Zallo, el también cineasta y actor Aitor Merino, el músico Pello Reparaz (Vendetta) o el abogado Miguel Castells. Y promotores son igualmente Pepe Moulia, Izaskun Moyua, Ramón Gaztelumendi, Jule Goikoetxea, Pepi Gorostidi, Sagrario Aleman, Aitziber Ibarbia, Ainhoa Aznarez, Lore Erriondo, Jose Menocal, Jon Mirena Landa, Amaia Merino y Arantxa Arruti.

Impulso individual

Parten de la implicación individual -no se representan más que a sí mismos, apuntaron desde el inicio- para conformar una apuesta colectiva. Entienden que resolver la cuestión de los derechos humanos de las personas presas se ha convertido en «una responsabilidad colectiva, ciudadana y amplia», ya que, además, en su trasfondo está «la consecución de una paz definitiva».

El manifiesto leído en San Telmo, ante un cartel con el lema «KonpONbidea» que resume su aspiración, incluye cinco consideraciones cargadas de actualidad. La primera es que «los y las presas se encuentran en prisión por haber sido juzgadas y condenadas o de manera preventiva. La privación de libertad no conlleva la privación de ningún otro derecho por esta condición», recuerdan.

En segundo lugar citan que «los y las presas han decidido hacer uso de la actual legalidad penitenciaria» y reivindican que «sus derechos han de ser respetados: Cumplir las penas en prisiones cercanas a su entorno social y afectivo, como recoge el actual reglamento penitenciario. Liberar a las y los presos gravemente enfermos. Y por último, inhabilitar la legalidad de excepción que posibilita penas para toda una vida».

Añaden en el cuarto punto que «entendemos que se han de dar pasos para posibilitar el regreso de las personas exiliadas y deportadas». Y concluyen con otro apunte: «Si las leyes actuales posibilitan vulneraciones de derechos humanos, urge cambiar esas leyes».

A continuación explican los motivos que les mueven: «No entendemos la razón de no dar ni un solo paso en este sentido por parte de los gobiernos. No entendemos la sinrazón y no queremos quedarnos mirando cuanto más se alarga dicha situación».

«Creemos que no solo es legítimo el trabajo en defensa de los derechos humanos, creemos que es necesario», apostillaron Olasagasti, Toda y Azkarraga, rodeados por la mayor parte de los promotores.

Reflexión nacional y local

El manifiesto apunta por tanto a la creación de una red y fija ya un próximo paso concreto: unas jornadas ciudadanas que tendrán lugar el 12 de abril, sábado, en un lugar todavía sin definir.

A preguntas de los periodistas, Joseba Azkarraga precisó que se trata de abrir una reflexión sobre cómo hacer respetar los derechos humanos y cómo conseguir eficacia en este reto colectivo. Indicó que la jornada del 12 de abril tendrá un carácter nacional, pero que luego se extenderá al ámbito local.

El exconsejero de Justicia remarcó claves como la diversidad de los componentes de la iniciativa y el eje central de los derechos humanos. Consideró que la situación actual está marcada por «dos elementos importantes» que ofrecen amplio campo de trabajo: la declaración de cese definitivo de la lucha armada por parte de ETA y la realizada por Euskal Preso Politikoen Kolektiboa en diciembre que ha abierto nuevas opciones a partir de la actual legalidad.

PP, PNV y PSE siguen elevando el listón ante el paso de EPPK

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, puso ayer nuevas pegas al paso dado por los presos y presas vascas. Reiteró que contemplan mantener la dispersión hasta que ETA se disuelva o «el penado se desvincule públicamente de la organización».

En un acto en la localidad navarra de Fitero, añadió además que «peticiones individuales en el marco de decisiones colectivas no sirven» y «declarar que se lamenta el daño multilateral causado no es decir nada, sino que hay asumir claramente el daño causado como miembro de una organización terrorista».

José Antonio Pastor (PSE) y Joseba Egibar (PNV) coincidieron igualmente en manifestar que no les parece suficiente el reconocimiento del daño causado por parte de los presos y presas vascas que han comenzado a pedir el acercamiento. Cabe recordar que en el primer turno de la iniciativa de EPPK se incluyen presos con graves enfermedades y mayores de 70 años, que realizan una demanda perfectamente legal. Por otro lado, subsidiariamente a la excarcelación solicitan ser llevados a cárceles vascas, una medida que compete exclusivamente a los gobiernos español y francés y para los que la ley no estipula ninguna exigencia.

Obviando todo ello, portavoces de PP, PSE y PNV coinciden en elevar el listón para los presos. Así, Joseba Egibar, que el miércoles abogaba por poner fin a las políticas de excepción carcelarias, ayer se alineaba más con la posición fijada por Iñigo Urkullu de exigir reconocimientos de que «lo que se hizo estuvo mal».

El portavoz jelkide en el Parlamento de Gasteiz aseguró que «el meollo de la cuestión está ahí» y matizó que esta exigencia «no es tanto para los presos, en su proceso de resocialización», sino para la izquierda abertzale en general, «que se tiene que enfrentar a ese pasado en términos políticos».

Así, Egibar dijo que, además de reconocer el daño causado, «la izquierda abertzale tendría que decir: `cuando sucedió eso, me callé, y cuando me callé, estuvo mal también'».

Sus palabras resultaron muy similares a las de José Antonio Pastor, su homólogo del PSE, con quien compartió tertulia en Radio Euskadi. Para Pastor, la declaración de los presos -pese a que su contenido exacto aún no ha trascendido y el proceso se acaba de iniciar- «se queda corta». Considera que esta «vía Zaballa» es muy diferente a la llamada «vía Nanclares», porque este último y reducido grupo de presos «reconocieron que actuaron mal, causaron un daño injusto e incluso alguno ha intentado empatizar con sus víctimas».

«A mí me valdría de poco que estas decisiones se tomaran para conseguir ciertos beneficios penitenciarios. Valoramos los pasos dados, pero son insuficientes», expuso Pastor.

El parlamentario de EH Bildu Juanjo Agirrezabala, en la misma emisora, concluyó que el objetivo de todos ellos es «dificultar» los pasos de los presos y así «buscar excusas con las que justificar la negativa de Madrid» a moverse. Y apuntó que no es cierto que los presos no reconozcan el daño causado.