2014/03/20

Abogados de EPPK recuerdan que la dispersión no tiene sustento jurídico

Abogados de los presos de EPPK comparecieron ayer ante los medios de comunicación para hacer su valoración sobre las solicitudes de repatriación y posterior excarcelación que presos gravemente enfermos y mayores de 70 años comenzaron a realizar la semana pasada. Aseguraron que no esperan un «no» como respuesta a dichas peticiones, al considerar que en ese caso sería el Gobierno español quien estuviera quebrando sus propias leyes, es decir, «prevaricando».

Aimar ETXEBERRIA DONOSTIA
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Aiert Larrarte y Alfonso Zenon, abogados de los presos de EPPK, comparecieron ayer en rueda de prensa para valorar las solicitudes que varios miembros del Colectivo empezaron a hacer la semana pasada: su traslado a la cárcel de Zaballa y posterior excarcelación. Según constataron ante los medios, las «filtraciones» de la semana pasada han hecho que tengan que comparecer ante los medios para ofrecer detalles de la iniciativa.

Al respecto, la primera parte de la comparecencia se centró en explicar lo que GARA ya adelantó la semana pasada. En ese sentido, explicaron que las peticiones están divididas en tres partes. La primera se centra en las consecuencias que la dispersión ha causado en cada preso que ha hecho la solicitud, tales como «por cuántas cárceles ha pasado, a cuántos kilómetros de su domicilio se encuentra, cuántos familiares tienen que recorrer esos kilómetros para poder visitarle, si ha habido algún familiar que ha tenido un accidente cuando iba a visitarle...».

En el segundo bloque, los presos hacen una declaración política, es decir, se adhieren a las manifestaciones de EPPK realizadas en junio de 2012 y diciembre de 2013 en las que el Colectivo, en primera instancia, respaldaba el cambio de estrategia de la izquierda abertzale y, en segunda, abría la puerta a una salida escalonada e individualizada.

Es en el tercer bloque donde los presos piden su traslado a Zaballa y posterior excarcelación, en base al artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Esto lo han pedido los presos gravemente enfermos y los mayores de 70 años, «de forma individualizada».

Acabar con la dispersión

Según los abogados, el objetivo de la iniciativa es acabar con la política de dispersión, al considerar estos que la misma «no tiene sustento jurídico alguno». «Tanto la legislación española como la legislación internacional lo que dictaminan es lo contrario, que el preso tiene que estar encarcelado lo más próximo posible a su domicilio», añadieron.

Por ello, aseguraron que no aceptarán un «no» como respuesta del Gobierno español a las peticiones que han realizado los presos, «de lo contrario estarían quebrando sus propias leyes, es decir, prevaricando». También entraron al trapo a la petición del daño causado que tanta relevancia ha tomado en los últimos tiempos. Al respecto, se mostraron muy claros: «La legislación no habla ni de perdón, ni de desarme ni de disolución». «Hoy en día, el único que no está cumpliendo sus propias leyes es el Estado español», subrayaron.

En cuanto al tiempo que prevén esperar a las peticiones, aclararon que estas están realizadas a la Junta de Tratamiento de cada prisión, que tiene un periodo máximo de seis meses para reunirse. Este tendrá que elaborar un informe para emitir a Instituciones Penitenciarias, quien tendrá la última palabra al respecto.

También respondieron a las afirmaciones del ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, quien dijo el pasado lunes que podríamos estar ante un «fraude de ley». Al respecto, dijeron que si alguien lo estuviera realizando, «sería el propio Gobierno en cuanto continúe con la dispersión».

3.500 firmas al Parlamento por Gorostiaga y Murga

La plataforma -Pablo Gorostiaga y Patxo Murga askatu- llevó a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz 3.500 firmas recogidas únicamente en su pueblo, Laudio, con las que se pide su libertad, ya que ambos sobrepasan los 70 años de edad y han cumplido seis años y medio de los ocho de condena. Los integrantes de la plataforma pidieron a los grupos «solidaridad y humanidad», que encontraron en EH Bildu y PNV, mientras que el PSE les dijo que el camino está marcado por la ley. El PP se marchó antes de este punto y UPyD tampoco estaba.

Leo Barañano, miembro de la plataforma, Asier Gorostiaga, hijo de Pablo, y Begoña Zenarruzabeitia, compañera de Patxo, acudieron al Parlamento no para denunciar lo desproporcionada o cruel que pueda parecer su sentencia, sino para llamar la atención sobre lo inhumana que es su situación actual.

Frente a algunas afirmaciones escuchadas, Xabier Gorostiaga recordó que sus familiares ni han hecho daño a nadie, ni necesitan ningún tipo de reinserción en su pueblo, donde serán recibidos con abrazos cundo queden en libertad. I.I.

Detienen a seis jóvenes tras participar en una concentración solidaria en Gasteiz

La Ertzaintza arrestó ayer a seis jóvenes en el campus universitario de Araba, situado en Gasteiz. La actuación policial, que tuvo lugar tras la celebración de una concentración en apoyo a los estudiantes presos, se saldó con varios heridos, entre ellos dos de los detenidos, que fueron trasladados al Hospital de Santiago. Según informaron las agencias estatales citando fuentes del Departamento de Seguridad, a los jóvenes, que hoy pasarán a disposición judicial, se les acusa de un delito de «atentado a la autoridad».

En declaraciones a GARA, uno de los presentes explicó que la concentración, que llevaba por lema «Ikasle presoak klasera», transcurría con normalidad hasta que varios jóvenes comenzaron a realizar un pequeño mural en el exterior del Aulario, situado en la calle Nieves Cano. Fue entonces cuando los agentes de seguridad privada se acercaron a uno de ellos que salió fuera del recinto sin saber que en la calle había varios ertzainas de paisano, que le redujeron y procedieron a su detención.

La actuación policial despertó el malestar de las 80 personas que secundaron la concentración, que preguntaron a los agentes el porqué de la detención y anunciaron que procederían a cortar la carretera si no levantaban al detenido, que estaba en el suelo. Ante el aviso, los ertzainas levantaron al joven y le condujeron a un vehículo sin distintivos policiales.

La marcha de este automóvil coincidió con la llegada de seis o siete coches y un furgón policial, de donde bajaron un grupo de agentes de la Policía autonómica. «Salieron de la furgoneta sin tapar, e iban como locos», señaló un estudiante, que denunció que los agentes entraron en las instalaciones de la UPV-EHU.

Porra en mano, los ertzainas dispersaron a los estudiantes, hiriendo a alguno de ellos. Como en otras tantas ocasiones, la carga llegó acompañada de detenciones. «Entraron en el Aulario y detuvieron a un chico que tenía una herida en la cabeza, a otro que estaba grabando lo que ocurría con su móvil», relató la fuente consultada por GARA. A estas dos detenciones les siguieron otras tres más. En total, seis jóvenes arrestados por participar en una concentración solidaria con los estudiantes presos.

Pero la actuación de la Ertzaintza no finalizó en el campus, ya que la Policía autonómica identificó a otra persona en el Hospital de Santiago, a donde se había dirigido para interesarse por la situación de los dos heridos. «He estado en la sala de espera y, cuando le he preguntado a uno de ellos -en alusión a los detenidos- a ver qué tal estaba, los ertzainas me han identificado», explicó.

Por la tarde, más de un centenar de personas se concentró en la Virgen Blanca para reclamar la puesta en libertad de los detenidos, que fueron trasladados a la comisaria de Lakua. Asimismo, en Larrabetzu 180 personas se concentraron para denunciar la detención de Oier Beldarrain, uno de los seis arrestados. Hoy, a las 12.00, está convocada una manifestación en su apoyo. Su situación llegará al Parlamento de Gasteiz, ya que EH Bildu anunció ayer que pedirá explicaciones a Lakua. Ion SALGADO

COLECTIVO DE PRESOS. Los abogados contabilizaron en 506 los presos que a día de hoy integran el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK). Están dispersados en 77 cárceles en total, de los cuales 50 se encuentran en el Estado español y los 27 restantes en el francés.
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