2014/03/23

La Assemblea extiende su «plan B» a todo el territorio catalán

Firmar un voto para que el Parlament declare unilateralmente la independencia si la consulta o las elecciones plebiscitarias resultan imposibles. Es el «plan B» de la ANC, visualizado este fin de semana con una recogida masiva de firmas. El objetivo es conseguir que más de la mitad de los catalanes firmen la instancia. Una iniciativa preeminentemente simbólica pero con fundamento jurídico: el derecho de petición, reconocido por la Constitución.

Beñat ZALDUA BARCELONA
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Recoger firmas con la esperanza de que no se utilicen para nada. Esta paradoja sirve para explicar la campaña «Signa un vot per la independència» (Firma un voto por la independencia) de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que durante este fin de semana realiza un espectacular despliegue en todo el territorio catalán con el objetivo de sumar todas las instancias posibles a favor de la independencia.

No se trata de una recogida de firmas al uso, sino de una iniciativa basada en el llamado derecho de petición, reconocido por la mismísima Constitución española. Acogiéndose a este derecho, la ANC persigue conseguir cientos de miles de firmas que sirvan como aval para una hipotética declaración unilateral de independencia. Aquí la paradoja, ya que la ANC confía en que se realice la consulta -entonces no servirían-, pero como no las tiene todas consigo, se lanza a esta recogida de firmas, que ya ha sido bautizada como «plan B» de la Assemblea.

Pero empecemos por explicar qué es el derecho de petición. El jurista y miembro de la ANC Agustí Carles recuerda que «es un derecho contemplado en los tratados de la Unión Europea, en el artículo 29 de la Constitución española y en el artículo 29.5 del Estatut, según el cual cualquier ciudadano puede dirigir una instancia a cualquier autoridad o institución para reclamarle su intervención en cual- quier ámbito». Carles subraya, y mucho, la expresión «cualquier ámbito»; no en vano recuerda que es la principal diferencia respecto a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), en la que según la Constitución «no se pueden tocar materias orgánicas como la estructura del Estado, la propia Carta Magna, asuntos tributarios, temas de derecho internacional o indultos». «No hay margen para una ILP sobre la independencia», sentencia.

Carles asegura que «el derecho de petición es tan antiguo como la democracia», pero reconoce que no tienen constancia de que se haya utilizado nunca para pedir la secesión: «Hemos hecho un poco de ingeniería jurídica, ya que lo que hemos hecho es juntar el derecho de petición y el derecho a la autode- terminación». «Casi empezamos hablar de Vía Catalana para la autodeterminación», dice, entre jocoso y orgulloso.

El resultado de esta ingeniería jurídica es la instancia que el militante de la ANC Joan Gellida nos muestra en una mesa del barrio barcelonés de Sants, muy cerca de Hospitalet. Consta de dos puntos; en el primero, el firmante pide al Parlament que «lleve a cabo todas las iniciativas políticas para que se pueda celebrar una consulta democráticamente y políticamente vinculante», mientras que en el segundo punto se lee: «En el supuesto de que el Estado español no permita, impida o dilate la celebración de una consulta democrática o unas elecciones plebiscitarias, o no reconozca los resultados, quiero que esta petición sea una manifestación libre de mi voluntad favorable (voto) para que los representantes electos del pueblo de Catalunya declaren la independencia de Catalunya, de acuerdo con el derecho internacional, como muy tarde el 11 de setiembre de 2014». Un texto que, a excepción de la fecha -la campaña empezó antes de conocerse el acuerdo sobre la fecha y la pregunta de la consulta- bien resume la hoja de ruta que la ANC aprobará en la Asamblea General del próximo 5 de abril: la consulta como objetivo prioritario, pero si no es posible, apuesta por la declaración unilateral.

Es en este segundo escenario en el que estas instancias firmadas podrían tomar su protagonismo, para lo que es imprescindible garantizar la pulcritud del proceso de recogida y almacenamiento de instancias. Para ello, la sectorial de juristas de la ANC ha formado a 3.500 personas como apoderadas en este proceso, entre ellas el propio Gellida, que explica que cuando acabe la jornada de recogida introducirá «todos los votos en una base de datos, antes de entregar la urna a la Assemblea». Por su parte, Carles explica que han dado de alta «un archivo de alta seguridad en la agencia de datos española» y que «la cadena de custodia está garantizada gracias a la labor de los apoderados».

El refuerzo municipal

La campaña lleva ya varios meses en marcha, aunque no soltó el freno de mano hasta el pasado mes de enero, cuando organizó la primera recogida masiva de firmas, consiguiendo unas 300.000 en apenas un fin de semana. En esta ocasión la ANC se ha aliado con la Associació de Municipis per la Independència (AMI) para llevar las urnas allí donde no lleguen los voluntarios de la Assemblea, y multiplicar así los puntos de recogida de votos. De esta manera, la ANC asegura que se llegará a 300 municipios más, cubriendo el 98,5% de la población catalana -incluyendo a los menores de 16 años, que también pueden firmar-. De hecho, ciudades tan notorias como Girona o Vic tuvieron ayer puntos de recogida en los propios ayuntamientos.

Habrá que esperar al balance del fin de semana para calcular el éxito o el fracaso de las jornadas, pero la pregunta es obligada: ¿cuántos votos firmados harían falta para validar una declaración unilateral? Carles lo tiene bastante claro: «Esta es una forma de ejercer el derecho a la autodeterminación, por lo que necesitamos lo mismo que en otras partes, que es la mitad más uno». Algo que en Catalunya equivale a más de tres millones de votos. «Si el Estado cerrase todas las vías a la consulta y a las elecciones plebiscitarias, estos votos firmados equivaldrían al mandato democrático que exige la comunidad internacional para declarar la independencia», asegura el jurista.

Un reto francamente difícil a ojos de cualquiera, también para quienes están al pie del cañón, como Gellida, al que le cuesta imaginar que «este derecho de petición pueda sustituir a la consulta». Mientras recuenta los pocos votos recogidos hasta ahora -estamos todavía a media mañana-, añade que lo importante es «reflejar con muchas firmas que la sociedad quiere la independencia, que no es un invento ni de los políticos ni de la ANC», pero reconoce como «casi imposible llegar a los tres millones de votos firmados».

Pero tras una breve pausa, deja por un momento su trabajo de hormiga, sonríe y recuerda: «También pensábamos que era imposible hacer una cadena humana de 400 kilómetros».

LA MITAD MÁS UNO. El jurista de la ANC Agustí Carles explica que la idea de la iniciativa es utilizar el derecho de petición para ejercer otro derecho: el de autodeterminación. Para darle validez jurídica necesitan las firmas de la mitad más uno de catalanes.