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Valls anuncia al supresión de los consejos departamentales

Reducir a la mitad el número de regiones y suprimir los consejos departamentales, fortaleciendo el centralismo, una bajada de impuestos y la búsqueda de un euro menos fuerte que impulse las exportaciones son los principales puntos del programa con el que Manuel Valls logró el aval de los diputados. Sin apenas margen de maniobra, el primer ministro francés solo pudo confirmar la «hoja de ruta» establecida por Hollande.

El nuevo primer ministro francés, Manuel Valls, obtuvo ayer la confianza de los diputados a su programa de reformas, con el que trató de dar un nuevo impulso a las promesas de recuperación económica anunciadas en enero por el presidente, François Hollande.

Su Gobierno, nombrado la semana pasada como respuesta al fracaso electoral del Partido Socialista (PS) en las elecciones municipales del 31 de marzo, recibió el respaldo de 306 diputados y el voto en contra de 239. Diecinueve miembros de la mayoría parlamentaria le fallaron.

Ahondando en el centralismo, una de las novedades de su programa fue el anuncio de la reducción a la mitad del número de las regiones y la desaparición de los consejos departamentales para 2021, todo ello acompañado de una mayor presencia de los delegados del Gobierno de París.

Planteó a las regiones que se fusionen para alcanzar el objetivo de reducir su número a la mitad; en caso de que no haya acuerdo, el Gobierno propondrá una nueva estructura el 1 de enero de 2017. El Estado francés cuenta en la actualidad con 22 departamentos y cinco colonias.

Veintidós meses después de la llegada del PS al poder, Valls pintó un sombrío panorama del país, con una situación económica oscura, un galopante desempleo y un crecimiento de los extremismos políticos.

Insistió en que quiere dar respuesta a la «crisis de confianza» que afecta al Ejecutivo, pero aunque sabía que estaba arriesgando su credibilidad con su discurso no tenía margen de maniobra y solo pudo confirmar la «hoja de ruta» establecida por Hollande el 14 de enero, cuando presentó su «pacto de responsabilidad» para reducir los impuestos empresariales a cambio de compromisos en la creación de empleo.

Anunció la búsqueda del crecimiento económico y la creación de empleo sin poner en peligro el estado de bienestar francés como los ejes principales de su acción, junto con la transición energética, destinada a reducir el peso de las energías fósiles y de la nuclear, una medida exigida por los ecologistas, que han decidido no estar en el Gobierno.

«Pacto de responsabilidad»

Valls puso el acento en el «pacto de responsabilidad» de Hollande, que no cuenta con el respaldo absoluto de los diputados del PS, y lo asoció a la moción de confianza de su Gobierno, lo que le generó abstenciones entre los parlamentarios de su partido, opción a la que se sumaron los ecologistas.

El primer ministro anunció, en este sentido una reducción de las cargas sobre el trabajo en 30.000 millones de euros, entre ellas la supresión de las cotizaciones patronales para los trabajadores con salario mínimo, quienes además verán disminuidos sus impuestos, lo que les reportará 500 euros más al año.

También se bajarán las retenciones para ayudas familiares y las cotizaciones de los trabajadores independientes y autónomos. En total, las empresas se ahorrarán 30.000 millones de euros.

Para financiar estas medidas, Valls anunció un recorte de 50.000 millones en el gasto público, que precisará en las próximas semanas.

Pero indicó que no todo el esfuerzo tiene que hacerse en el Estado francés y pidió un giro en la política del Banco Central Europeo para devaluar el euro, un debate que anunció para la campaña de las elecciones europeas del 25 de mayo. «Corresponde a la UE aportar respuestas concretas a las demandas urgentes de los pueblos», dijo Valls, que reprochó al BCE su «política menos expansionista» que la de sus homólogos de EEUU, Gran Bretaña o Japón.

Aunque apostó por mantener los compromisos de reducción del déficit público exigidos por la UE, se pronunció en contra de la austeridad y abogó por un equilibrio entre la estabilidad presupuestaria y las políticas de estímulo al crecimiento económico.