A partir de hoy la Policía autonómica catalana no podrá disparar proyectiles de goma y, por tanto, ninguna persona volverá a resultar muerta o herida por su causa. La prohibición, acordada en diciembre, fue la culminación de un intenso trabajo en la calle y en el Parlament, cuyo fruto es un triunfo parcial para aquellos que defienden un modelo policial diferente y para una amplia mayoría social que considera inadmisible el uso de este tipo de armamento letal e indiscriminado. Los Mossos d'Esquadra han demostrado sobradamente que son capaces de causar igual daño sin necesidad de hacer uso de ese material -y las nuevas lanzadoras de proyectiles viscoelásticos que se les ha proporcionado también son muy peligrosas-, pero que haya quedado fuera de circulación es un paso en la buena dirección.

Un elemento a destacar del proceso que ha conducido al veto de las balas de goma es el debate que lo ha propiciado, una controversia que se desató a consecuencia de la agresión sufrida por Ester Quintana, quien perdió un ojo a consecuencia de un pelotazo en 2012, y que llegó a instancias parlamentarias. Los responsables políticos de la Policía catalana y los propios mandos hicieron esfuerzos para que los trabajos en comisión no concluyeran con una prohibición, pero no se eludió la polémica y, finalmente, el Parlament se hizo eco de lo que para entonces era un clamor social.

En este punto, es imposible no comparar la actitud del Legislativo catalán con la que han mantenido la mayoría de los grupos representados en la Cámara de Gasteiz, que ante un hecho aun más grave que el ocurrido en Barcelona, la muerte de Iñigo Cabacas ese mismo año, han rechazado analizar lo ocurrido en comisión, han impedido depurar responsabilidades y han cerrado la puerta a la posibilidad de discutir con serenidad pero sin ambages sobre el modelo policial. Un debate pendiente pero que llegará como ha llegado a Catalunya, un paso por delante también en este tema.