Treinta años después de la aprobación de la Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura, Amnistía Internacional (AI) denunció la aplicación «en auge» de esta práctica, «normalizada» por la llamada «guerra contra el terrorismo» y «glorificada« por algunas series de televisión. Llamó la atención sobre la situación en Marruecos, Sáhara Occidental, México, Filipinas, Nigeria y Uzbekistán, donde quiere promover el establecimiento de medidas para evitarlo, y criticó que gobiernos de todo el mundo hayan incumplido sus promesas de impedirla y castigarla, tras registrar casos en 149 países.

En sendas comparecencias la noche del lunes en Londres y ayer en Madrid, en las que presentó su informe «La tortura en 2014: 30 años de promesas incumplidas» y anunció el lanzamiento de la campaña «Stop Tortura», informó de que en los cinco últimos años ha registrado casos de tortura en 141 estados, entre ellos 79 de los 155 que han ratificado la Convención de la ONU de 1984.

Su secretario general, Salil Shetty, denunció en Londres que la tortura «está tan normalizada que es casi rutinaria». Agregó que «debido a la llamada guerra contra el terrorismo, la práctica de la tortura, particularmente en EEUU y sus áreas de influencia (...) ha sido normalizada por completo», justificándola en «términos de seguridad nacional».

Sostuvo que «series como «24 horas» y «Homeland» han glorificado la tortura ante toda una generación, pero hay una gran diferencia entre la representación dramática creada por guionistas y su empleo real por agentes del Gobierno en las salas de tortura».

Shetty criticó que gobiernos de todo el mundo han incumplido sus promesas de evitar y castigar la tortura al no adoptar «mecanismos dinámicos» para atajarla.

La directora adjunta de AI en el Estado español, Eva Suárez-Llanos, afirmó que la tortura representa «una vergüenza política y diplomática» y subrayó que «un solo caso es inaceptable», antes de insistir en que los gobiernos no hacen lo suficiente.

Señaló que en África es «una práctica generalizada» y que treinta países africanos ni siquiera la contemplan como un delito a perseguir, y al referirse a América, apuntó las condiciones «crueles y degradantes» en las prisiones de máxima seguridad de EEUU y el aumento de las denuncias en México. Lamentó su «generalización» en Siria y su «arraigo» en Egipto y Libia, y constató que en Europa «no es frecuente, pero se queda sin castigo».

Con la campaña «Stop Tortura» busca luchar contra la tortura que ocurre «en las sombras», es decir, bajo custodia policial, en Marruecos, Sáhara Occidental, Nigeria, México, Uzbekistán y Filipinas, imponiendo «salvaguardas efectivas» como el acceso del arrestado en todo momento a un abogado, que la detención sea comunicada y que se registren en vídeo o audio los interrogatorios.

Suárez-Llanos denunció varios casos concretos, incidiendo en el de Ali Aarras, un ciudadano belga-marroquí detenido en el Estado español y entregado a Marruecos, donde fue sometido a todo tipo de torturas hasta que firmó una confesión en árabe que fue utilizada para condenarle.

Aseguró que la tortura y los malos tratos son «una realidad» que queda impune en comisarías y centros de detención en Marruecos y Sáhara Occidental. Rabat lamentó respondió que «ha reforzado su arsenal jurídico y sus mecanismos institucionales» para combatirla.

Según un sondeo de AI en 21 estados, el 45% de los encuestados en el Estado español teme sufrir torturas o malos tratos en caso de ser detenido, mientras que el 20% justifica esas prácticas «en algunos casos». Un 86% desea unas leyes «enérgicas» para prevenirla.