El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por el asesor fiscal Iñaki González, de IG Asesores, contra una sentencia que le condenaba a casi cinco años de cárcel por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, al entender probado que se quedó con 672.197 euros de la empresa Talleres La Casilla.

La resolución del Supremo confirma una sentencia de la Audiencia de Bizkaia que declaró probado que entre 2000 y 2004, González llevó la asesoría fiscal de una empresa que posteriormente entró en concurso de acreedores. En esos años, la empresa le entregó pagarés por importe de 961.000 euros para que pagara los impuestos y los recargos pendientes por una inspección fiscal, pero éste solo pagó a Hacienda 188.000 euros y reintegró 101.000 a la empresa. El acusado alegó que el resto de dinero -los 672.000 euros- había sido para pagar facturas por sus servicios y por otros «trabajos especiales».