2014/06/11

Abogados califican de «disparate» los primeros rechazos al acercamiento

El abogado Alfonso Zenon tilda de «disparate» jurídico que los gobiernos francés y español estén rechazando las solicitudes de acercamiento a cárceles vascas planteadas por los presos. A los letrados les consta de momento una veintena de negativas oficiales y trabajan en los recursos.

Agustín GOIKOETXEA BILBO
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Los abogados Maritxu Paulus Basurko y Alfonso Zenon comparecieron ayer en Bilbo para dar a conocer cuál está siendo la respuesta de las instituciones penitenciarias francesas y españolas a las peticiones de acercamiento a cárceles vascas formalizadas en los últimos meses por alrededor de 500 presos. En todos los casos conocidos, una veintena, han sido rechazadas, lo que a juicio de Zenon es jurídicamente «un disparate» y políticamente «inaceptable».

Tras el comunicado del Colectivos de Presos Políticos Vascos (EPPK) del 28 de diciembre, los prisioneros comenzaron a cursar esas solicitudes en marzo, en tandas sucesivas hasta este mes. Según la información de los letrados que les defienden, solo quedarían de formalizarse las de quienes llevan menos de cinco años en cárceles españolas.

En sus escritos, los presos exponían sus circunstancias personales, con años de condena alejados de su entorno, y las de sus familias y allegados, citando los accidentes que hubieran podido sufrir en esos desplazamientos y el quebranto económico generado por los viajes para las visitas.

Además, se argumentan hasta once preceptos legales en favor del acercamiento, fundamentados en informes de asociaciones de juristas, relatores especiales y organismos internacionales en defensa de los derechos humanos, así como la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo. Tampoco faltaba en esa petición la adhesión personal al documento de EPPK y la manifestación del «compromiso con la resolución del conflicto».

En el caso del Estado francés, tal y como confirmó Maritxu Paulus Basurko, la totalidad de los presos ha presentado sus solicitudes individuales sin cosechar respuesta oficial alguna. La única reacción, añadió, han sido algunos movimientos de cárceles que demostrarían «nula voluntad» gubernamental. París siempre se ha puesto a las órdenes de Madrid en este tema.

Tras relatar que algunos traslados son habituales o previsibles, como los de La Santé a Poitiers por el cierre de la primera, los abogados apuntaron el caso de dos presos a los que sí se aproximó a Euskal Herria, a Mont de Marsan, lo que refleja que, «si hay voluntad, no existe ningún impedimento» para satisfacer estas solicitudes.

En el Estado español

Al igual que las autoridades francesas, las españolas no contestan oficialmente a las peticiones, aunque existe constancia de al menos una veintena de notificaciones «expresas». En todos estos casos, las Juntas de Tratamiento de las prisiones se oponen a la revisión de las duras condiciones que soportan durante años los presos, bajo la premisa de que «no procede ni revisar esa clasificación ni modificar el centro penitenciario de destino».

Alfonso Zenon indicó que esas resoluciones de traslado, especificando como destino deseado la prisión alavesa de Zaballa, son «idénticas en todos los casos». El argumento que se esgrime es que el preso en cuestión «cumple condena por hechos delictivos relacionados con una organización terrorista que aún no se ha disuelto y sigue vinculado a esa organización en prisión».

Tampoco se atiende la propuesta de prisión atenuada en el domicilio familiar para los presos enfermos o mayores de 70 años. «Señalan que estas circunstancias no les parecen suficientes para fórmulas de cumplimiento diferentes a las asignadas», desveló el letrado, para quien esta respuesta resulta «inaceptable».

Ante esas contestaciones, Zenon incidió en que, desde un punto de visto jurídico, la contestación ofrecida por Instituciones Penitenciarias constituye «un auténtico disparate» al no dar respuesta a las alegaciones, «que se fundamentan en preceptos jurídicos», sino que se responde «con razonamientos que se ubican al margen de la legalidad y de las normas internacionales que regulan los derechos fundamentales».

«No cabe condicionar el respeto a los derechos fundamentales a ninguna circunstancia ni de disolución, ni de perdones, ni ninguna otra circunstancia, porque ni la ley ni el sentido común lo contemplan», insistió el abogado, quien resaltó que «las normas internacionales son claras y los convenios que regulan los derechos fundamentales también señalan que los presos deben estar en la cárcel más cercana a su lugar de origen».

Zenon subrayó igualmente que desde la perspectiva humanitaria «se ha producido una respuesta propia de un Estado sin escrúpulos», porque se apuesta por «el sufrimiento y la crueldad» hacia los prisioneros. Y estimó que, políticamente, «es vergonzoso que un Estado que se llama a sí mismo democrático mantenga la dispersión».

Los abogados avanzaron algunos de los pasos que pretenden dar ante estas primeras negativas al acercamiento. En el Estado francés interpondrán recursos. Y los presos que en el Estado español hayan obtenido «respuesta expresa» también podrán interponer los suyos ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Lo que ya se ha materializado, confirmó Zenon, son los recursos relativos a la situación que padecen prisioneros con enfermedades graves como Txus Martín, Aitzol Gogorza e Ibon Iparragirre, para quienes se solicita la prisión atenuada en el domicilio familiar en virtud del artículo 100.1 de la legislación penitenciaria. Esos escritos ya están encima de la mesa del titular de ese juzgado central.

Caso aparte es el de Ventura Tomé, quien ha reclamado la suspensión de la condena a la Audiencia Nacional. En el Estado francés se espera un fallo para el 20 de junio sobre la solicitud de Ibon Fernández Iradi.

Los letrados no avanzaron los pasos que van a dar en las distintas instancias judiciales y los argumentos que expondrán en esos recursos. Lo que sí plantearon es que, en la actual coyuntura, no sea necesario acudir al Constitucional español y menos aún al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con lo que la situación irregular se prolongaría durante años.

Uribetxebarria seguirá vigilado

La Ertzaintza seguirá vigilando que el preso enfermo Iosu Uribetxebarria cumpla la prisión domiciliaria en su casa de Arrasate, después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno haya rechazado la petición del Departamento de Seguridad de Lakua para que le fuera colocada una pulsera telemática.

Moreno argumenta en un auto, en respuesta a la solicitud de Seguridad, que «no hay modificación alguna de las circunstancias» por las que el 3 de abril se acordó de nuevo la prisión domiciliaria de Uribetxebarria, antes en libertad condicional. En su resolución, el juez señala que «en modo alguno» las actuales medidas de seguridad en el domicilio pueden suponer «cierta lesividad mediática» en su entorno, como argumentaba la Policía autonómica, y tampoco supondrían «agravar la situación del mismo ni el devenir diario de los vecinos del entorno».

En su petición para que se colocase una pulsera a Uribetxebarria, la Ertzaintza recordó que esta fórmula «alertaría del alejamiento del imputado de su domicilio» con «una presencia policial más discrecional, realizándose las vigilancias directas durante las salidas programadas para el tratamiento de su enfermedad». Y añadió que habría permitido «una reducción» del número de agentes destinados a la vigilancia del preso.

 

LLAMAMIENTO. Los abogados llamaron al conjunto de la comunidad jurídica a que se manifieste públicamente contra la política de dispersión. Por los presos, 95 personas se concentraron ayer en el Arriaga, en Bilbo.