José Ignacio Martínez Churiaque, que compareció ayer en la comisión creada en el Parlamento de Gasteiz para investigar las subvenciones públicas a los fallidos proyectos automovilísticos de Epsilon e Hiriko, explicó las razones por las que emitió un voto particular al informe aprobado en el seno de este órgano. Este documento mencionaba 5,8 millones de ayudas públicas a Epsilon, pero no incluyó otros 23,8 millones concedidos por las instituciones vascas, entre ellos el aval de 16,5 millones por la compra de una parcela que causó al Parque Tecnológico de Araba una situación patrimonial «desfavorable».

Churiaque argumentó en su voto que ese aval, concedido por el Gobierno de Juan José Ibarretxe (PNV), fue «contrario al objeto social» del parque y que la autorización del Ejecutivo autonómico fue «atípica». En su intervención de ayer, insistió en que el aval, que se denominó como una «cesión de rango hipotecario», es «inusual» en el sector público y podría tratarse de una «subvención encubierta».

Además, explicó que él y otro miembro del tribunal que también emitió un voto particular mantuvieron «discrepancias técnicas» en el pleno con los otros cinco representantes de este órgano -elegidos a propuesta de PNV y PSE-, ya que éstos «consideraban que había que eliminar determinadas cuestiones» del informe. Este hecho provocó las críticas de PP y EH Bildu, que el mes pasado denunciaron que estos cinco consejeros se pusieron de acuerdo para «censurar» el informe preliminar.

Durante su intervención de ayer, Churiaque dijo que no está de acuerdo con el informe final del TVCP, explicó que el equipo auditor trabajó durante unas 1.000 horas en la elaboración del borrador, que después fue «modificado» en pleno, y que además de eliminar «conclusiones» e «información» se introdujeron otras que no formaban parte de la petición que hizo el Parlamento.

Reconoció por ello que el informe remitido a la Cámara «no puede ser reconocido entre las buenas prácticas de auditoría».

«Turbulencias»

Además, reconoció que el tribunal no ha podido trabajar «en el mejor de los climas» sobre este asunto y que se ha producido un «exceso de turbulencias» que puede «afectar la imagen pública» de este órgano que, según dijo, tiene el «deber de ser independiente» y trasmitir al exterior esa imagen.

Durante el debate, los parlamentarios del PNV y del PSE, Luis Javier Tellería y Vicente Reyes, respectivamente, afirmaron que Churiaque debería dimitir al no asumir el informe definitivo del tribunal y le acusaron de «torpedear» y «embarrar» lo aprobado.

El presidente del órgano fiscalizador calificó de «escandaloso» que se diga que debería dimitir y respondió que se había limitado a responder con «integridad profesional».