Eclipsada por la confesión de Jordi Pujol y la mediática pero infructuosa reunión entre los presidentes catalán y español, Artur Mas y Mariano Rajoy, la presentación de los últimos informes del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) pasó prácticamente desapercibida esta semana.

Vale la pena, sin embargo, recuperar el tema y fijarse sobre todo en el informe número 18, titulado «La viabilidad fiscal y financiera de una Catalunya independiente», cuyas conclusiones llevaron al presidente del CATN y exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver i Pi-Sunyer, a afirmar que la independencia «es perfectamente posible y técnicamente viable».

Echando mano de la calculadora y de las balanzas fiscales de la Generalitat -calculadas a su vez con las cifras ofrecidas por el Estado-, el informe hace un boceto de los gastos e ingresos adicionales en caso de independencia. Pero antes de empezar, lanza una advertencia: las cifras que se ofrecen corresponden al año 2011, por lo que los resultados reflejan los números de Catalunya si esta hubiera sido independiente en 2011, y siempre teniendo en cuenta que dicha Catalunya soberana hubiese mantenido el régimen fiscal e inversor del Estado español. En este sentido, el informe recuerda que «la capacidad de disponer de poder de decisión para diseñar las diferentes políticas económicas (...) es un beneficio intangible que tendría una incidencia positiva».

En cualquier caso, el CATN empieza por analizar el capítulo de gastos adicionales de una Catalunya independiente, que evidentemente se incrementarían «porque tendría que asumir nuevas competencias, crear estructuras de estado ahora inexistentes o reforzar las estructuras administrativas actuales». En total, tomando como referencia el gasto de la Administración Central en Catalunya durante 2011, el nuevo Estado debería incrementar su presupuesto anual en 39.507 millones de euros.

El 74,07% de este incremento -29.261 millones de euros- lo explica única y exclusivamente el sistema de Seguridad Social, actualmente centralizado en Madrid. Entre las partidas que obligarían a incrementar el presupuesto catalán aparecen también los servicios públicos básicos todavía no transferidos a la Generalitat, como Defensa, Justicia -parcialmente- o Política Exterior. En el cálculo también se incluye el interés de la deuda actual que asumiría Catalunya en caso de secesión pactada y que ascendería a 2.397 millones de euros.

Pero no todo serían gastos en una Catalunya independiente, ya que al pasar a gestionar sus impuestos y otros ingresos, también contaría con nuevas fuentes de financiación. Concretamente, si un nuevo Estado catalán mantuviese el modelo fiscal español, contaría con un total de 45.317 millones de euros adicionales, de los cuales el 54,29% provendrían de las cotizaciones a la Seguridad Social y el 41,49% de los impuestos.

Calculados los gastos y los ingresos adicionales en caso de independencia, una sencilla resta arroja un primer resultado: Catalunya dispondría de 5.810 millones más en caso de secesión. Pero para acabar el cálculo, el informe del CATN incluye dos elementos más. Por un lado, Catalunya ya no tendría que asumir el obligado endeudamiento en el que seguirá cayendo un Estado deficitario como el español, lo que en 2011 hubiese supuesto a Catalunya un ahorro de 7.184 millones de euros. Por otro lado, las aportaciones a organismos internacionales -el informe da por hecho la entrada en la UE- supondrían un gasto adicional de 1.400 millones de euros. Por lo tanto, el resultado final que ofrece el CATN es que una Catalunya independiente tendría una ganancia fiscal de 11.591 millones de euros, un 5,95% del PIB.

Independencia sin pacto

Pese a la contundencia de los números, el informe recuerda que cabe tener en cuenta los delicados momentos iniciales de la independencia, sobre todo si esta llega «sin acuerdo con el Estado español y en una posición beligerante por su parte». En este caso, el CATN considera que la administración tributaria catalana podría no estar todavía en pleno rendimiento, lo que obligaría a «un breve periodo transitorio en que la Generalitat tenga que acudir a otras fuentes de financiación».

El informe considera que en dichos primeros meses, la Generalitat necesitaría entre 4.500 y 5.000 millones de euros al mes para «los salarios de los funcionarios, las pensiones, las prestaciones al paro y los gastos corrientes de la Generalitat». Unos ingresos que podrían venir por cuatro vías: préstamos a las entidades financieras, emisión de deuda pública por parte del futuro Banco Central de Catalunya, emisión de bonos «patrióticos» -subscritos por los ciudadanos- y emisión de bonos canjeables por impuestos futuros.

Pese a la evidente carga que este endeudamiento supondría, el CATN no cree que ponga en peligro la viabilidad de un Estado catalán, pero considera «relevante clarificar que la fuente básica de financiación debe ser la proveniente de recursos tributarios, y que estas otras fuentes alternativas deben de tener carácter transitorio y aplicarse en un periodo breve».