El quehacer de los profesionales y las profesionales de la sanidad se ha visto sacudido por diferentes factores que están alterando la labor diaria que realizan. Entre estos cambios hay uno que potencia la privatización de los servicios públicos. Hablamos de la medicalización de la sociedad, incluso de las personas sanas.

Y bien, ¿qué es eso de la medicalización de la vida? En las últimas décadas, el desarrollo en terreno técnico, farmacológico, microbiológico, etc. ha sido brutal. A su vez, la investigación, los estudios científicos, las guías que incorporan las novedades descritas, se publican, actualizan a gran ritmo e imponen cambios constantes. Todas estas actuaciones se analizan desde el punto de vista de la efectividad (si aportan salud o no) y de eficiencia (si son proporcionales al gasto que generan).

Otra cosa bien distinta es aplicar medidas que no han demostrado aportar salud (sí quizá mejorar algún parámetro, aunque eso no se traduzca en salud). Estas medidas se presentan como aparentemente beneficiosas, y son muy bien recibidas por la población; pruebas y tratamientos que parecen proteger, mantener nuestra salud (aunque de manera demostrable no lo hagan), nos tranquilizan, nos garantizan que nuestras cifras de esto y lo otro están igual, nos preocupan si han variado (aunque esto no repercuta en salud, insisto) y nos ofrecen alternativas: más pruebas, fármacos, citas. Si no íbamos a perder salud, estas medidas, en el mejor de los casos, nos la mantienen igual, modificando o no algún parámetro; otras veces, perjudican la salud: efectos secundarios. Y, por otra parte, siempre influyen: gasto, preocupaciones, desde luego citas, nos ocupan la cabeza... Algunos sectores sanitarios basan parte o toda su actividad en este tipo de medicina. A veces, dificultando el análisis, mezclan actividad «verdadera» (que aporta salud) con otras que no lo hacen.

Este cambio está provocado, entre otros, por parte de ese lobby que pretende hacerse con la sanidad, las grandes aseguradoras y la industria sanitaria. La industria farmacéutica gasta ingentes cantidades de dinero en propaganda, esta publicidad provoca inseguridad en la población ante los peligros sanitarios que nos acechan y fomentan el uso indiscriminado de fármacos. Esta publicidad olvida que la mejor manera de mejorar la salud son los hábitos de vida saludables.

También las empresas sanitarias privadas se alimentan de esta situación. Las empresas privadas generan parámetros de calidad artificiales que hacen ver que el servicio público es deficiente. Las pruebas baratas y sencillas que producen una gran facturación se multiplican. El número de recetas que producen grandes beneficios a las farmacéuticas también se multiplican. Se realizan revisiones que desde el punto de vista técnico son innecesarias. Sin embargo, cuando es necesaria una prueba cara o una atención que requiere una inversión importante, se deriva al ámbito público. Aquí también se privatiza el beneficio y se socializa el gasto.

Esta actividad sanitaria «artificial» genera una cultura que presiona al profesional de la sanidad pública, la sociedad espera que se utilicen esos parámetros de calidad y entiende que la atención que no responde a esos intereses de medicalización es una atención deficiente.

El proceso que hemos descrito genera una sociedad que se siente más vulnerable e hipocondriaca, que entiende que si no se realizan ciertas pruebas o sale de una consulta sin una receta no está recibiendo una atención de calidad. Producen una sociedad pasiva, que no se preocupa por su salud mediante hábitos de vida saludables, sino sustituyendo todo ello por pruebas periódicas y recetas. Y a toda la sociedad esto le esta suponiendo un gasto público enorme.

Las ganancias para el sector privado ligado a lo sanitario son tantas que seducen a cualquiera. Este proceso tiene consecuencias que los propios actores ni ven, ni perciben ni miden. Todos actuando bajo la dirección de grandes gestores ávidos, hábiles, tratan de manipular y reconducir la sanidad.

Este proceso supone, también, una gran presión para privatizar el sistema público. Por un lado, se denigra la sanidad pública porque no es capaz de responder a los estándares de calidad que se han impuesto artificialmente. Por otro lado, responder a este proceso genera un aumento enorme del gasto público y sirve de excusa para aquellos que pretenden defender la insostenibilidad y falta de eficiencia del sistema público de salud.

Una discusión en favor de la privatización de la sanidad pública que olvida la situación real. En Estados Unidos el gasto en sanidad llega al 17% del PIB, en un sistema sanitario privado y totalmente medicalizado. Sin embargo, tienen una esperanza de vida cinco años menor que en la CAPV, la cobertura sanitaria no es universal y la insatisfacción de la población es mucho mayor. En la CAPV, con un gasto en sanidad del 5,04% del PIB (el gasto que se destina a la sanidad pública en los presupuestos), somos capaces de mantener una red con estándares de calidad mucho mejores. Evidentemente la política de recortes está suponiendo un deterioro de esa calidad (aumento de listas de espera, falta de personal suficiente, colapso de servicios, atención en pasillos...), pero seguimos manteniendo un sistema público mucho más eficiente tanto por la repercusión que tiene en la salud como en el gasto que genera en la sociedad. ¡Lo que podríamos hacer si aquí invirtiésemos los 1.000 millones de euros de déficit que tenemos en gasto sanitario con la media de la Ocde!

La cuestión del sobredimensionamiento del ámbito público es un mito a desmontar, el sistema sanitario público es muy eficiente, incluso en las manos de quienes lo están gestionando a día de hoy. Es precisamente la falta de medios mayores la que impide ofrecer un servicio de mayor calidad. La medicalización y privatización de la sanidad va a derivar en una atención sanitaria de menor calidad y un gasto público mucho mayor.

Algunas organizaciones sindicales hemos apostado por empoderar a la sociedad, queremos una sociedad capacitada para tomar decisiones. También en la gestión de nuestra salud. Las personas que tienen esta preocupación en Osakidetza a día de hoy están desamparadas, necesitamos de una gran inversión en educación para desmedicalizar la sociedad. Tenemos un tesoro a proteger, nuestra sanidad pública, que no podemos dejar en manos de empresas que tratan de exprimirnos y manipularnos. También debemos empoderarnos en ese sentido y movilizarnos para que no nos quiten lo que es de todos y todas y, lo más importante, que no nos quiten nuestra salud. ¡Nos vemos en la calle!