Además de sana, la envidia puede ser buena y ejercer de acicate para perseverar en las propias intenciones. Eso es al menos lo que espera el soberanismo catalán, que fue probablemente -y aun a riesgo de molestar a algún paisano- el que con mayor atención e intensidad siguió durante el día de ayer el referéndum escocés. No en vano, los escoceses hicieron ayer con toda normalidad lo que casi dos millones de catalanes reclamaron una semana atrás en las calles de Barcelona poder hacer algún día: decidir el futuro estatus de su nación.

Y se les cayó la baba. Como botón de muestra, la espectacular presencia de delegaciones catalanas en las ciudades escocesas, tanto que más de uno sugirió al ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que hubiese sido un buen día para suspender la autonomía catalana y mandar los tanques. Desde el espectacular despliegue informativo -empezando por la radiotelevisión pública, con los noticieros en directo desde Edimburgo- hasta las delegaciones políticas: trece miembros del Govern y amplias representaciones de todos los partidos soberanistas, además del PSC. Pero por lo general, las declaraciones brillaron por su ausencia, a la espera todos de tener los resultados en la mano para realizar valoraciones con más recorrido.

También se dieron cita en las calles escocesas las entidades responsables de la histórica Diada de la semana pasada, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Ambas entidades cambiarían dicha movilización por el referéndum vinculante, tal y como cabe deducir de las declaraciones formuladas ayer por la presidenta de Òmnium, Muriel Casals: «Esta sociedad debate y decide con normalidad su camino, Escocia ya ha ganado porque puede decidir su futuro».

Este juego entre urnas y calles suele ser uno de los tópicos en las comparaciones entre los casos catalán y escocés. De hecho, a lo largo de las últimos meses se ha hablado varias veces de la envidia mutua entre ambas naciones. Así, los independentistas escoceses elogiaban la capacidad movilizadora del soberanismo catalán, mientras que, a la inversa, los catalanes deseaban la oportunidad de de los escoceses de votar en un referéndum legal y vinculante. La envidia escocesa acabó ayer, ya que no es difícil concluir que es mejor votar que tener que manifestarse para poder votar, por muy grandes que sean estas manifestaciones.

En cualquier caso, la comparación entre las dos naciones europeas que más cerca están hoy en día de convertirse en Estado viene a ser inevitable, por mucho que el Gobierno español intente, como lo ha hecho a lo largo de toda la semana, argumentar que Escocia y Catalunya son diferentes. En efecto, no hace falta ser un lince para distinguir una falda escocesa de una barretina, cualquier audaz observador podrá constatar que son culturas y pueblos diferentes. Pero la comparación, mal que le pese a Rajoy, no es entre William Wallace y Guifré el Pilós, o entre la pasión latina y la flema anglosajona. La comparación se realiza entre dos procesos que tienen un punto de partida común, en forma de gobiernos y mayorías parlamentarias claras -elegidas por la ciudadanía, evidentemente- a favor del derecho a decidir y de la independencia. La diferencia, entonces, no está tanto entre escoceses y catalanes, sino entre británicos y españoles, pues la respuesta estatal a un reto similar es lo que distancia ambos procesos.

Horas críticas para el proceso catalán

Los próximos días serán la mejor muestra de este abismo que separa a Rajoy de Cameron. Mientras ayer los escoceses votaron en masa en el referéndum legal, hoy por la tarde los diputados catalanes aprobarán una Ley de Consultas, tras lo cual el president, Artur Mas, firmará el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre. Una cita que, a diferencia del referéndum escocés, no será jurídicamente vinculante y, ante la imposibilidad de acuerdo con el Estado, se convocará en el marco de una ley catalana.

Por si a alguien le quedaban dudas de las diferencias entre España y Reino Unido, la previsible actuación de los primeros en los próximos días acabará de aclararlo todo. Según se adelantó ayer, el Gobierno español contempla convocar un Consejo de Ministros extraordinario durante el fin de semana, seguramente mañana mismo, para que el recurso contra la consulta catalana pueda ser aprobado por el Pleno del Tribunal Constitucional el mismo martes, quedando automáticamente suspendida la convocatoria del 9 de noviembre. Lo cual, sin embargo, no quiere decir que quede inmediatamente desconvocada. Un galimatías jurídico que dará paso a lo realmente relevante: la gran decisión política del soberanismo catalán.