Alberto PRADILLA MADRID
NUEVO JUICIO CONTRA JÓVENES INDEPENDENTISTAS VASCOS

«Me pusieron una pistola en la sien. La cargaron y yo me derrumbé»

Simulaciones de ejecución, golpes, «bolsa» o vejaciones sexuales. Estas son algunos de los tormentos padecidos por los jóvenes que ayer declararon ante la Audiencia Nacional en el macrojuicio contra 28 independentistas. Únicamente los arrestados por la Gendarmería francesa eludieron el tormento. El tribunal envió a Soto del Real a los cinco de Loiola, que fueron trasladados directamente a Madrid.

«Un policía me puso una pistola en la sien. La cargó y yo me derrumbé. Otro de ellos tuvo que decirle que parase. Cayó un casquillo, o algo metálico y se quedó en la habitación». La simulación de ejecución relatada por Ekoitz Arrese es una muestra de los horrores padecidos por los jóvenes durante su detención incomunicada y que ayer, nuevamente, denunciaron ante el tribunal que les juzga.

Golpes, amenazas, sesiones de «bolsa» o vejaciones sexuales son algunas de las prácticas que estremecieron a la sala. Al contrario de lo que pudiera pensarse, quienes sufrieron los tormentos están sentados en el banquillo de los acusados, mientras que los responsables de la tortura declararán en los próximos días como acusación.

De los diez jóvenes que desfilaron ante el tribunal, siete denunciaron haber sido maltratados. Concretamente, Imanol Beristain, Rubén Villa, Xabat Morán, Ainara Ladrón, Ikoitz Arrese, Saioa Zubiaur y Xabier Bidaurre relataron, con pelos y señales, los tormentos padecidos a manos de la Policía española. Irati Tobar, Aitziber Plazaola y Beñat Lizeaga, arrestados en Lapurdi en 2011, explicaron que eludieron su detención para evitar ser torturados. Lo lograron, ya que ninguno de los jóvenes que fue arrestado por la Gendarmería ha denunciado haber padecido maltrato.

A través de sus duros testimonios, los jóvenes pusieron en evidencia la cadena que permite la tortura y garantiza la impunidad de sus responsables. Relataron los diferentes tipos de maltrato padecidos, las negligencias de los forenses, la desidia de los abogados de oficio y la falta de interés del instructor, Fernando Grande-Marlaska. Todo ello, para obtener inculpaciones, tal y como quedó acreditado tanto por sus testimonios como por las preguntas que lanzaba al aire el fiscal, a quien los acusados rechazaron responder.

Sin atención médica

«Me encontraba en el suelo, desnudo, a cuatro patas, con un policía delante y otro detrás, sujetándome la nuca y pegándome. No podía coordinar. No me podía levantar, así que me arrastraban». El relato de Imanol Beristain abrió los estremecedores testimonios. Narró «posiciones forzadas, golpes, tocamientos de testículos, codazos, rodillazos y patadas» para obligarle a firmar una declaración policial que luego rechazó ante el juez.

A Rubén Villa le sacaron el hombro en una de las primeras sesiones de golpes. Previamente le habían instado a «tranquilizarse». «No te vamos a enterrar en cal viva ni a arrancarte las uñas», le dijeron, en referencia a Joxean Lasa y Joxi Zabala, víctimas de los GAL. El caso de este joven, así como el de Xabat Morán, que fue el siguiente en declarar, sirvió para evidenciar el papel de los forenses ante la tortura. Villa explicó que pese a que se le había salido el hombro, el médico no le prestó atención, por lo que tuvo que tratar de colocárselo él mismo mientras que apenas recibía unos antiinflamatorios. «No tuve ninguna atención médica», denunció. Morán, por su parte, relató cómo en una ocasión hizo acopio de valor para relatarle al forense qué es lo que le estaban haciendo. Solo obtuvo una respuesta: «Qué pena. Parecía que ibas a ir bien».

El joven, que ratificó su declaración policial ante el juez, explicó que una hora antes de ser trasladado al despacho de Marlaska se encontraba desnudo en la sala donde le torturaron para que aprendiese de memoria sus respuestas. Villa tuvo un apunte sobre el abogado de oficio, «más preocupado en hablar de su hijo, del que dijo que era una «máquina de matar» por ser paracaidista, que de mi situación».

Vejaciones sexuales

Posteriormente fue el turno de Ainara Ladrón, que detalló un «infierno» desde momento en el que fue trasladada a Madrid. «Me pegaban, me daban puñetazos en las costillas, me empujaban contra el cristal, me gritaban», señaló. Según su relato, llegó a tal estado de nerviosismo que, cuando fue introducida en un calabozo con las luces apagadas comenzó a gritar si le iban a matar. «Al entrar a la sala de interrogatorios me preguntaron si sabía rezar. Me pusieron de rodillas. De un golpe me tiraron al suelo y comenzaron a pegarme». Así comenzaron los largos interrogatorios detallados por Ladrón, que padeció también vejaciones sexuales y amenazas de violación.

El papel del forense quedó nuevamente en evidencia ante el testimonio de Ikoitz Arrese, quien relató que, cuando le relató los tormentos padecidos en comisaría, este le reconoció que no podía garantizarle que la denuncia no llegase a los mismos policías que le habían golpeado. Pese a ello, se comprometió a trasladar el testimonio a Grande-Marlaska. El juez, sin embargo, no hizo nada, pese a existir un parte de lesiones y a que está entre sus competencias garantizar la seguridad de los detenidos. Saioa Zubiaur y Xabier Bidaurre fueron los últimos en relatar las torturas padecidas.

Cortes de Ángela Murillo

La denuncia del maltrato vino acompañada por la reivindicación de la actividad política de los jóvenes. Todos ellos negaron ser miembros de una «organización terrorista» pero defendieron su militancia en diversos ámbitos como el estudiantil (varios de ellos eran miembros de Ikasle Abertzaleak), el cultural o a favor de la independencia. Las pruebas que muestra la Policía solo evidencian mi compromiso con la liberación nacional y social de Euskal Herria», defendió Zubiaur, silenciada por Ángela Murillo. No fue la única.

La sesión de ayer contó con la presencia de los cinco jóvenes (Jazint Ramírez, Igarki Robles, Irati Tobar, Xabier Arina e Imanol Salinas) arrestados la víspera en Loiola. Todos ellos fueron trasladados directamente a Madrid y comparecieron por la mañana ante la sala. Fiscalía pidió prisión, alegando «riesgo de fuga» e «intento de eludir la acción de la justicia», mientras que los abogados defensores explicaron que habían participado en una reivindicación. «La sala no tiene que saber que estaban en una protesta», zanjó Murillo, que a mediodía decretó prisión para todos ellos, por lo que al terminar fueron trasladados a Soto del Real. Ayer únicamente declaró Irati Tobar, por lo que hoy será el turno del resto.

Movilizaciones solidarias en Lekeitio, Portugalete, Azpeitia y Egia

Si antes del inicio del juicio contra los 28 jóvenes independentistas se sucedieron las movilizaciones, el comienzo de la vista oral en la Audiencia Nacional y la intervención de la Ertzaintza en Loiola para detener a cinco de los encausados motivó ayer nuevas manifestaciones.

La más numerosa de las celebradas fue la que se llevó a cabo en Portugalete, de donde es Irati Tobar, donde 500 personas salieron a la calle. En el barrio donostiarra de Egia, donde reside Jazint Ramirez, participaron en otra marcha 300 vecinos mientras en Lekeitio lo hacían 105 y 250 en Azpeitia.

El portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, aseguró que la operación de la Ertzaintza en Loiola tenía un balance «positivo» por haberse desarrollado de forma «proporcionada». Además, insistió en vincular a dos detenidos -que se suman a los cinco jóvenes que fueron trasladados a Madrid- con las supuestas «agresiones a diferentes ertzainas». Un hecho que ha sido refutado incluso por los propios jueces, que mantienen cargos por «desobediencia» pero no por «atentado».

A su vez, el miembro del EBB del PNV Koldo Mediavilla cargó duramente contra la izquierda abertzale a través de un texto publicado en su blog, en el que llega asegurar que «no nos pidáis más que os «acompañemos» ante la injusticia».

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, denunció que la Ertzaintza volvió a ser «ariete de la injusticia» por su actuación en Loiola. Matute mostró su «solidaridad» con las personas que el lunes «fueron agredidas por una acción policial que entendemos del todo desmesurada frente a una acción de desobediencia civil pacífica». Además, aprovechó para denunciar un «juicio político sin sentido» con acusaciones basadas «en confesiones arrancadas bajo tortura en un contexto como el actual donde cada vez, de manera más evidente, y por voces cada vez más plurales se constata la pervivencia de la tortura, dentro de los mecanismos de funcionamiento del Estado». GARA