La excarcelación del preso vasco Ventura Tomé es una buena noticia. Una buena noticia respecto a, por ejemplo, ayer, pero su estado de salud, que no es noticia, hoy es muchísimo peor que cuando ingresó en prisión. Por tanto, la pregunta no es por qué ha sido excarcelado, sino por qué encontrándose aquejado de cáncer de pulmón y de próstata no estaba ya en libertad. Etxerat considera «de justicia» la decisión de poner en libertad a Tomé. Y lo es, pero de justicia tardía y precedida de una actitud que nada tiene que ver con la justicia, ni con el cumplimiento de la ley. Solo es posible referirse a este caso con términos como crueldad, venganza y utilización del sufrimiento con fines políticos.

Ayer mismo, el Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK) se refería a la situación en la que hasta ayer se encontraba Ventura Tomé y siguen padeciendo otros presos gravemente enfermos. Y pedía ayuda a la sociedad para terminar con esa situación y con la que soporta todo el Colectivo, la dispersión. Lo hacía a la par que anunciaba su intención de presentar recursos a la respuesta negativa de los estados español y francés a sus peticiones individuales de repatriación. Solo quien se tapa los ojos ante la evidencia puede negar la aportación que EPPK ha hecho al proceso de paz y normalización en marcha y su disposición a continuar por ese camino. Una aportación valiente en condiciones especialmente difíciles. Y solo quien no apuesta decididamente por la solución que la sociedad vasca viene reclamando los últimos años puede responsabilizar a los propios presos y presas de la vulneración de derechos a la que están sometidos. Tal actitud solo se puede entender desde el vano intento de quien pretende justificar su falta de implicación política e institucional.

El respeto de los derechos de los presos y presas y los de sus familiares es un reto que implica a todos y todas, por encima de divergencias políticas. Una sociedad que pretenda ser cada vez más justa sabe que no exigirlo supone renunciar a sus propios derechos.