Los 28 jóvenes independentistas juzgados en la Audiencia Nacional española ya han declarado ante el tribunal. Por tercera jornada consecutiva, la sala escuchó los estremecedores relatos de tortura de cinco de los acusados (Julen Zuaznabar, Igarki Robles, Marina Sagastizabal, Ainhoa Villaverde) y los golpes recibidos por un sexto, Imanol Salinas. En este último caso el maltrato se limitó a los primeros momentos, pero no se utilizó para obligarle a firmar inculpaciones, por lo que negó la acusación tanto en comisaría como ante el instructor, Fernando Grande Marlaska. Los otros cuatro, Jazint Ramírez, Xalbador Ramírez, Aiala Zaldibar y Bergoi Marderaz, fueron arrestados en Ipar Euskal Herria y no sufrieron tormento. Esta circunstancia deja en evidencia el empleo de la tortura para obtener inculpaciones, ya que ninguno de los jóvenes que no denunció malos tratos ha firmado confesión alguna. La tercera jornada no varió la dinámica de los días previos: duros relatos de tormentos y una estrategia de acusación basada en las inculpaciones obtenidas en comisaría y las elucubraciones policiales elaboradas a través de los seguimientos y el material incautado en los arrestos. Con las últimas diez declaraciones se cerró la primera fase del juicio. El próximo 6 de octubre se reanudará con el testimonio de los policías que participaron en los arrestos.

«No quería pasar por las torturas que habían denunciado otros compañeros». Alaia Zaldibar explicó así el motivo que le llevó a presentarse en Ipar Euskal Herria y eludir la detención incomunicada. Allí, como Jazint Ramírez, Xalbador Ramírez y Bergoi Marderaz, hicieron vida pública y se alojaron en domicilios de cargos públicos de diferentes tendencias. Denunciaron la posibilidad de ser entregados a través de un encierro en Izpura, pero fueron progresivamente detenidos por la Gendarmería. Tal y como explicaron ayer a preguntas de sus abogados, ninguno de ellos ha denunciado torturas ni se autoinculpó en comisaría. Todos ellos explicaron que, una vez entregados a las autoridades españolas y trasladados al despacho del juez negaron todas las acusaciones.

Fiscalización política

El caso de Imanol Salinas también sirve para apoyar esta evidencia. Él sí que fue arrestado en la redada de octubre de 2010 y permaneció incomunicado durante cinco días. Sin embargo, relató que los golpes solo se produjeron durante las primeras horas del arresto. Explicó que llegó a recibir «una patada en los testículos» en comisaría, pero tras ser conducido a Madrid, el maltrato cesó. De hecho, no sufrió interrogatorios ilegales, por lo que tanto en comisaría como ante el juez negó las imputaciones policiales. Sin información obtenida en comisaría, la acusación se basa en vigilancias que ponen de manifiesto la fiscalización a la que la Policía española somete a los movimientos populares vascos. En el caso de Salinas, por ejemplo, una plataforma de defensa del derecho a la vivienda o la comisión de fiestas de Burlata, sobre cuyas actividades tuvo que dar cuenta ante la sala.

Un relato completamente distinto a los anteriores fue el que detallaron el resto de imputados. Comenzó Julen Zuaznabar. Al igual que otros imputados, dos años antes del operativo había tenido conocimiento de su inclusión en las «listas negras» tras un operativo en Hernani. A través de su abogado ofreció testificar ante el juez encargado de aquella redada, Baltasar Garzón. Este respondió que «no había nada contra él». Hasta 2010, cuando, según su relato, fue detenido y torturado hasta que firmó lo que la policía le indicó. «La primera declaración la acordamos en el trayecto a Madrid. Llevaba 24 horas de pie, sin dormir, mientras me golpeaban», explicó. El joven detalló que las amenazas («los interrogatorios eran terroríficos», dijo) alcanzaron tal punto que llegaron a darle a elegir: o le responsabilizaban de muertes causadas por acciones de ETA como la de Isaías Carrasco o Inaxio Uria o asumía la autoría de diversos sabotajes. Zuaznabar rememoró que un policía llegó a advertirle: «te vas a comer los muertos». «Yo los veía capaces de todo», dijo.

Veto a las camisetas naranjas

«Los interrogatorios eran con policías encapuchados. No sé cuántos fueron, entre tres y cuatro». Igarki Robles, con camiseta blanca ya que los responsables de Soto del Real prohibieron a los cinco de Loiola desplazarse a la audiencia con las naranjas. El joven relató haber sido «golpeado y humillado», pese a lo cual no puso denuncia «porque las demandas no prosperan», según explicó. Cuando quiso dar más detalles, argumentando que «los poderes del Estado amparan las torturas, incluyendo el judicial», Murillo le cortó. «Aquí no se puede decir cualquier cosa», espetó, insinuando que podría deducir testimonio por esas palabras. No fue la única ocasión en la que la magistrada , cuya parcialidad ya ha sido puesto en duda por otros togados en casos como el de «Bateragune» interrumpió a los jóvenes o a sus letrados. De hecho, llegó a preguntarse porqué el instructor tenía que interesarse por un detenido que había denunciado malos tratos si este estaba en prisión, obviando que en el momento del arresto es responsabilidad de este juez garantizar la seguridad de la persona bajo custodia policial.

Pese a esta circunstancia, los jóvenes siguieron denunciando el maltrato en comisaría. Ainhoa Villaverde, además de los golpes, relató que los policías le aseguraron que su padre había sufrido un infarto. Según su testimonio, fue chantajeada para firmar una autoinculpación que le permitiría «despedirse». «Me obligaron a aprenderme de memoria las respuestas», afirmó.

También Marina Sagastizabal y Xabier Arina denunciaron malos tratos. La primera declaró haberse sentido «aterrorizada» y dio detalles sobre las amenazas de agresión sexual que acompañaron a las sesiones de tortura. Al segundo, la exploración del forense en Madrid le detectó marcas «recientes»producto de los golpes que en el informe de Iruñea no aparecían.