Los jefes policiales que supervisaron las redadas que han desembocado en el juicio político no verificaron ninguna de las imputaciones incluidas en los informes elaborados por los agentes y que son los que sustentan la acusación. «No hubo tiempo», reconoció la instructora, que es quien supervisó toda la operación. No obstante, y pese a no haber comprobado nada de lo que se afirma en los documentos, suscriben punto por punto lo que en ellos se afirma. Así lo señalaron ayer, en la cuarta jornada del macrojuicio contra 28 jóvenes vascos que se desarrolla en la Audiencia Nacio- nal española y en la que «no lo recuerdo» o «será así si figura en las diligencias» fueron algunas de las respuestas más escuchadas. Prestaron declaración, como testigos y peritos al mismo tiempo, el secretario general de las diligencias, que también es jefe de la Brigada de Información de la Policía española en Nafarroa, la instructora de todo el operativo y un agente adscrito a Información en Donostia en aquella época, pero que actualmente se encuentra destinado en Madrid. Los tres evidenciaron contradicciones entre su relato sobre su actuación y los hechos reflejados en las diligencias. Si algo quedó claro es la endeblez de las tesis policiales, que son el único apoyo para mantener la acusación, al margen de las declaraciones obtenidas bajo tortura.

Los malos tratos fueron nuevamente denunciados por los jóvenes a las puertas del tribunal especial, donde exhibieron camisetas negras con el lema «Stop Tortura» mientras que algunos de ellos cubrían su cabeza con una bolsa. Al igual que ocurrió en el juicio contra los 40 jóvenes independentistas absueltos este mismo año, los imputados solicitaron a la presidenta de la sala, Ángela Murillo, no estar presentes durante la declaración de los policías, algunos de ellos identificados como los agentes responsables de su tormento. Al contrario de lo que ocurrió en octubre de 2013, cuando la juez Manuela Fernández Prado permitió que estos se ausentasen, dejando a los torturadores declarando ante la sala vacía, la presidenta ayer no accedió a la demanda. Así que, por orden de Murillo, los jóvenes tuvieron que presenciar cómo los policías que les maltrataron ejercían como acusadores.

Descripción y fotografía

Es el caso del primer agente en declarar, a quien Ibon Esteban identificó directamente como uno de sus torturadores. Lo hizo durante la primera sesión del juicio, cuando dio una precisa descripción sobre su físico y su voz, llegando a exhibir una fotografía del policía, a quien reconoció por diversas apariciones públicas. Ayer, sin embargo, el uniformado negó explícitamente haber tenido relación con ninguno de los detenidos. Una versión que no pudo sostener durante mucho tiempo, ya que rápidamente incurrió en contradicciones.

Según los informes que él mismo firmaba y que se adjuntan a la causa, el policía se encontraba en Madrid desde el primer momento de la operación. Sin embargo, a preguntas de los abogados de la defensa, tuvo que reconocer que participó, por ejemplo, en el registro de Oihana López, por lo que a la misma hora en la que él aseguró estar en la capital española, tomaba parte en la operación policial en Burlata. La instructora, que firmó junto a él varias diligencias, no fue de ayuda para su compañero, limitándose a señalar que «no recordaba» dónde se encontraba en aquel momento. «¿Ha firmado algo más que no haya realizado?», insistió Amaia Izko al jefe de la brigada en Nafarroa. «No lo recuerdo», se limitó a responder el policía.

Los letrados le interrogaron específicamente acerca de si tuvo constancia de alguna «incidencia». «Si me especifica qué es incidencia, le podré contestar», llegó a responder, indicando que Egoi Irisarri tuvo que ser hospitalizado por una «infección de orina». En su declaración, el joven iruindarra denunció que los policías aprove- charon esta circunstancia para golpearle los testículos durante las sesiones de tortura, lo que provocó que fuese trasladado al centro hospitalario. Sobre el resto de arrestados, el policía señaló vagamente que «alguno recibió algún ibuprofeno», sin hacer referencia a los múltiples testimonios sobre tormento realizados por los jóvenes, tanto a los forenses como ante el juez instructor, Fernando Grande-Marlaska.

Sin contar la absolución

Otra de las cuestiones que quedó en evidencia durante las tres declaraciones de los policías es que las imputaciones se basan, en gran medida, en el sumario 26/11, que concluyó con la absolución de 40 jóvenes. De este modo, los agentes insistieron en detallar sus teorías sobre «desdoblamiento» e «instrumentalización» de colectivos como las gazte asanbladas o los gaztetxes y sindicatos estudiantiles como Ikasle Abertzaleak. Esta teoría es la que impulsó ambas operaciones, bautizadas como «Garbi I» y «Garbi II» pero quedó desacreditada por la propia Audiencia Nacional española en la sentencia de junio de este año. Como si esta no se hubies producido, los agentes insistieron en criminalizar el movimiento juvenil vasco y actividades políticas. De este modo, campañas de defensa de la vivienda, contra el TAV. reivindicaciones feministas o la reclamación de un currículum vasco pasaban a ser prueba.

También es cierto que, en esta ocasión, los policías evidenciaron menos convicción. Por ejemplo, el tercer policía reconoció la existencia de dinámicas contra el TAV al margen de Segi o la existencia de un amplio movimiento juvenil, al tiempo que era incapaz de determinar si Ikasle Abertzaleak (con más de 25 años de historia) era anterior o posterior a la organización ilegalizada.

Pese a la falta de base de las acusaciones, los tres policías insistieron en señalar a los 28 jóvenes. ¿Por qué? En este caso, dio la sensación de que todos ellos se hubiesen aprendido la respuesta de memoria, ya que los tres coincidieron, casi palabra por palabra, en señalar que, según sus vigilancias, «se reunían pese a no conocerse entre ellos ni ser amigos» o «tomaban medidas de seguridad», que no llegaron a especificar. Ante esta falta de evidencias, quedó claro que las declaraciones obtenidas durante la incomunicación es el único argumento al que se aferra la Fiscalía. Tras la suspensión de la sesión de ayer, a partir de las 10.00, se retomará el macroproceso con la declaración de más policías que tomaron parte en las redadas y los interrogatorios en comisaría.