TORTURA EN EUSKAL HERRIA

Europa reprocha a Madrid que ni citó a declarar a denunciados por torturas

El Estado español ha vuelto a ser condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar denuncias de torturas. Esta vez el castigo es doble, porque Estrasburgo ha dado la razón tanto al recurso de Oihan Ataun -detenido en 2008- como al de Beatriz Etxebarria -arrestada en 2011-.

El caso de esta última es especialmente conocido y espeluznante, dado que refirió que había sido violada con un palo por agentes de la Guardia Civil. Ni siquiera ello motivó una investigación oficial. Las sentencias incluyen consideraciones como que los agentes señalados ni siquiera fueron llamados a declarar por los tribunales españoles.

Con estas dos son ya cinco las veces que el Estado español ha recibido este tipo de condenas en los últimos cuatro años por casos relacionados con detenidos vascos. Primero fue admitido el recurso de Mikel San Argimiro, luego el de Aritz Beristain y más tarde el de Martxelo Otamendi. Por circunstancias paralelas se han producido más castigos similares a Madrid en este tiempo, como el que anuló la «doctrina Parot», el que censuró la falta de castigo a la agresión policial al joven de Iruñea Mikel Iribarren o el que anuló una condena a Arnaldo Otegi por inexistentes injurias al anterior Rey español. Todo ello revela que Europa va aumentando el control sobre la excepcionalidad represiva del Estado español, antes impune a este nivel.

Beatriz Etxebarria fue detenida en marzo de 2011 por la Guardia Civil en Bilbo y Oihan Ataun, en noviembre de 2008 por la Policía española en Zizur Nagusia. La primera ha sido condenada por pertenencia a ETA; el segundo fue apresado bajo la acusación de ser miembro de Segi y castigado finalmente en un sumario menor, por llevar fotos de presos en Korrika.

La máxima instancia judicial europea en derechos humanos, además de reprochar la falta de investigación, manda indemnizar con 29.000 euros a Etxebarria y 24.000 euros a Ataun, por daños morales y otras costas.

Los jueces europeos señalan que en ambos casos «las investigaciones efectivas que se imponían por la situación de vulnerabilidad de los demandantes en detención incomunicada no tuvieron lugar» y recuerdan al Estado español la importancia de adoptar las medidas recomendadas por el Comité para la Prevención de la Tortura, como mejorar el examen médico-legal y mantener una vigilancia apropiada «para evitar abusos y proteger la integridad física».

Como es lógico, el Tribunal Europeo no puede ir más allá de la constatación de que los casos no fueron investigados, y así lo hace constar: no tiene «elementos probatorios suficientes» para determinar si hubo o no torturas. La sentencia sí recuerda que la denuncia de Etxebarria fue archivada por el juzgado de instrucción número 1 de Bilbo y que en caso de Ataun el Juzgado de Iruñea dictaminó que no había «el menor indicio de criminalidad». Es la norma habitual. Los recursos llegaron hasta el Constitucional, que tampoco los atendió, y de ahí a Europa.

Primeras valoraciones

Behatokia y TAT valorarán mañana esta nueva sentencia. Para Amaiur, la consecuencia lógica debiera ser dejar de utilizar como prueba las declaraciones realizadas bajo tortura. EH Bildu subraya que la exigencia a Madrid hecha anteayer por el Parlamento de Gasteiz.

El portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, recibió la noticia como «un dato más de que en la política antiterrorista ha habido vulneraciones». El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que barajan recurrir pero el sistema «funciona con total calidad».

Los policías niegan maltrato en el juicio pese a informes forenses

El mismo día en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba al Estado español por no investigar las torturas, nueve policías declaraban como testigos de la acusación en el juicio contra 28 jóvenes vascos, de los que 19 han denunciado maltrato. Es el caso de Ikoitz Arrese, que relató haber sufrido tormento, pese a lo cual la policía que participó en su detención y toma de declaración aseguró que esta se produjo sin incidencias. Lo que no pudo explicar es por qué el informe del forense del día 22 de octubre no mencionaba los desgarros en la ropa que sí aparecen en el del día 24. El análisis del facultativo también hacía referencia a hematomas y marcas que la agente no pudo justificar.

Esta fue una de las claves de la quinta sesión del macroproceso que se desarrolla en San Fernando de Henares. Los uniformados se centraron ayer en analizar los seguimientos, las detenciones y los enseres hallados en los registros. Sobre las vigilancias, se dan circunstancias como la de un acta firmada por tres policías, a la misma hora, pero en dos lugares distintos: Bilbo y Sestao. Un hecho que ya puso en evidencia el rigor de los policías durante el anterior juicio a 40 jóvenes y que, en este caso, los agentes trataron de justificar con supuestos «turnos» que no aparecen reflejados en sus informes. En otros casos, por ejemplo, aseguraban que Xabier Bidaurre acudía a la herriko a una reunión cuando, en realidad, se encontraba trabajando como camarero. El proceso continuará hoy a las 10.00 con el testimonio de más policías. A. P.