2014/10/14

Un juez de la AN aboga por suprimir todas las medidas de excepción

La Casa de la Paz de Aiete volvió a convertirse ayer en escenario de trabajo para la resolución del conflicto, esta vez con la II Jornada de Justicia Transicional que ahondó en el camino a seguir para lograr la verdad, la justicia y la reparación. El reconocimiento de la aplicación de medidas excepcionales por parte del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada y la petición de que sean eliminadas fue el punto de inflexión del debate central.

Iraia OIARZABAL DONOSTIA
Aiete

A partir de los cimientos establecidos en la Declaración de Aiete en 2011, el palacio donostiarra volvió a ser testigo del trabajo que en estos cuatro años se viene realizando en algunos sectores de Euskal Herria para construir el proceso de resolución del conflicto. La II Jornada de Justicia Transicional, organizada por la Diputación de Gipuzkoa, hurgó en las entrañas de diferentes experiencias en el mundo y contó con las aportaciones de expertos en materia de Derecho a fin de ahondar en conceptos como verdad, justicia y reparación.

El profesor de la UPV-EHU y director de Derechos Humanos del Gobierno de Lakua durante el mandato de Juan José Ibarretxe, Jon Mirena Landa, el forense Paco Etxeberria y el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada protagonizaron la conferencia de la tarde y en ella trataron de concretar los entresijos que esconden estos tres conceptos. Términos muy utilizados al hablar de la resolución del conflicto pero que resultan muy genéricos y que requieren de una definición concreta si se quiere avanzar en la paz y la reconciliación.

La contundencia fue la característica principal de la exposición de De Prada, que no dejó indiferentes a los presentes. Y es que el magistrado hizo alusión explícita a la excepcionalidad que desde el Poder Judicial -comenzando por la propia AN- se ha aplicado y defendió una «normalización jurídica» y la «eliminación de todas las excepcionalidades que han permitido abusos».

Tomando como referencia el concepto de «verdad», hizo una distinción entre «verdad histórica» y «verdad judicial» y afirmó que «efectivamente la justicia penal no es el mejor instrumento para construir la verdad histórica», aunque si la consideró útil y necesaria para obtener parte de la verdad.

No obstante, reconoció que en el caso del conflicto en Euskal Herria la verdad judicial es «fragmentaria, interesada y lejana a lo real». Y ello porque, admitió, «se ha etiquetado todo en torno al terrorismo».

En ese contexto, citó que «el Estado de Derecho se ha pertrechado de mecanismos extraordinarios» y puso varios ejemplos de ello. Así, aludió al hecho de castigar la pertenencia a asociaciones bajo el argumento de que forman parte del «entramado institucional de ETA» y lo puso en entredicho al subrayar que se trata de una actividad exclusivamente política. Que además en algunos casos se ha demostrado válida para el final de la lucha armada, apostilló.

Incomunicación y penas

La incomunicación y la aplicación de un tratamiento penitenciario extraordinario también fueron puestos sobre la mesa por De Prada. Sobre lo primero destacó que se ha generado un binomio que relaciona incomunicación con tortura y recordó la última sentencia dictada la semana pasada por Europa y que condena al Estado español por no investigar torturas a Beatriz Etxebarria y Oihan Ataun. «Nos lo ha dicho ya cinco veces Estrasburgo», recordó. También reconoció la aplicación de un tratamiento penitenciario «desigual, extraordinario y rígido».

Por todo ello y como conclusión, el juez del tribunal especial español defendió que una verdad judicial bien construida es útil para conocer los hechos, por lo que abogó por normalizar la jurisdicción y eliminar todas las medidas de excepción para sentar unas bases justas de cara a la resolución.

Jon Mirena Landa abordó el tema de la reconciliación y marcó un punto de partida importante al destacar que es algo que va más allá de presos y víctimas. En concreto, mencionó que se trata de «refundar el pacto social removiendo las bases de la convivencia».

Centrando su discurso en los que denominó como «presos de motivación política», afirmó Landa que es necesario depurar responsabilidades y establecer penas, pero matizó que en materia penitenciaria el debate está mal enfocado ya que, a su juicio, habría que centrarse en la reinserción. Criticó asimismo la aplicación de la dispersión y de medidas de «discriminación».

Para el profesor de la UPV-EHU, la vía penal debe ser herramienta para aclarar responsabilidades mientras que el debate hacia la «verdad colectiva» debe venir de la vía social.

Paco Etxeberria, por su parte, centró su exposición en la memoria histórica y criticó la falta de voluntad e implicación política en esta materia.

Ante ello, puso en valor la labor de iniciativas como Comisiones de la Verdad, aunque sostuvo que la reparación pasa por el reconocimiento institucional y social.

Garitanok bere egin du biktima guztien sufrimendua

«Biktima guztien min eta sufrimenduarekiko enpatiarik ezak portaera ankerrak eragin ditu gure gizartean, eta horrek, pertsona eta gizarte moduan, gure duintasuna debaluatu du», adierazi zuen Martin Garitano Gipuzkoako ahaldun nagusiak Donostiako Bakearen Etxean Justizia Trantsizionaleko II. Jardunaldiari hasiera eman zion hitzaldian. Era horretan, euskal gatazkaren biktima guztiei elkartasuna helarazi zien eta bere egin zituen «alde guztietako biktimek jasan duten sufrimendua eta oinazea».

Euskal gatazkak «gizartearen zatiketa» eragin duela nabarmendu zuen eta, horren aurrean, gatazka «luze eta gogor» honen lekukoa gizartea izan dela gaineratu zuen. «ETAren indarkeriaren biktima izan dira batzuk, eta estatuek bultzatu eta baimendu duten indarkeriaren biktima, beste batzuk», adierazi zuen. Errealitate horren baitan izandako egoera ezberdinen irakurketa kritikoa egin zuen: «Hamarkadetan, alde bakoitzak bere buruari bakarrik erreparatu dio, bere aldeko pertsonen sufrimenduari soilik kasu eginez. Beste aldekoen sufrimendua eta errealitatea kontuan izan gabe, kasu askotan `besteen' mina mespretxatzera iritsi arte».

Jardunaldiari buruz Euskal Herrian giza eskubideen urradurak gizartean sortutako pitzadurak nola konpondu aztertzeko tresna bat dela azaldu zuen. «Inork ez dauka errezeta magikorik urteotako indarkeria mota guztiek sortutako zauriak sendatzeko. Geuk ere ez. Baina erakunde publikoen eginkizuna da bizikidetza prozesuak bultzatzea eta gidatzea. Eta hori da Gipuzkoako Foru Aldundi honen konpromisoa». Hortaz, justizia trantsizionalaren oinarrietatik abiatuta berraskidetze eta bakeranzko urrats berriak egitera deitu zuen. GARA

ASISTENTES. Julen Arzuaga (EH Bildu), Rafa Larreina (Amaiur), Juan Calparsoro (fiscal superior de la CAV), Jonan Fernández (secretario de Paz y Convivencia de Lakua)...